El Pleno del Congreso aprobó hoy la acusación constitucional que enfrenta la exparlamentaria Luciana León. La denuncia fue interpuesta por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. A la abogada se le acusa de una serie de delitos en su condición de excongresista.
De acuerdo a la denuncia constitucional interpuesta por el Ministerio Público ante el Poder Legislativo, a León se le acusa de los delitos de tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del Estado peruano.
Según la tesis fiscal, la exaprista sería habría coordinado junto con diferentes funcionarios del Poder Ejecutivo con la finalidad de favorecer a su hermano Rómulo León Romero, quien está involucrado con un financista de la banda criminal ‘Los Intocables Ediles’.
Para el ente de justicia, Luciana León sería “el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios, así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos”.
La exintegrante del Apra habría actuado a favor de que costosas obras públicas sean otorgadas a Alexander Peña Quispe, quien presuntamente desarrollaba las obras con el alcalde del distrito Elías Cuba.
Chats delatarían a León
La Fiscalía de la Nación asegura que la excongresista habría intercedido mediante autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Vivienda para que las obras públicas de La Victoria sean ejecutadas mediante consorcios que estaban a cargo de Alexander Peña Quispe.
En una de las conversaciones reveladas por Punto Final, se ve a la abogada reclamar furiosamente al exministro de Economía, Alfredo Thorne, que no todos los proyectos fueron aprobados, por lo que La Victoria no pudo favorecerse con estas obras, específicamente, con el programa del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel).
“¡Ninguno, me muero! O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos, en lo que te comprometiste con el alcalde. En su cara le dijiste que sí salían, que 55 lo manejabas. De los 11 que te dio el alcalde, solo has sacado uno, que es el más misio, que es el número 3 de la lista de arriba. Por favor, ¡¿puedes hacer algo?! Estoy afuera, te espero. No me quiero ir con esta angustia. Parece que los de abajo mandarán y no el ministro. ¡Me hacen eso y los boto!”, exclamó al extitular del MEF.
En comunicación con Punto Final, Thorne afirmó que León era sumamente insistente con estos proyectos, sin embargo, indicó que durante su gestión no se aprobó ninguna obra.
“Tuvimos una reunión recuerdo los primeros días de junio donde la congresista pidió apoyo para unos proyectos de pistas y veredas que no era competencia del MEF y se le dijo junto al equipo técnico del MEF que no teníamos competencia y no teníamos cómo ayudar”, respondió.
‘Los Intocables Ediles’ y Luciana León
Fue en el año 2018 que la Policía fue en busca de Elías Cuba y otros trabajadores de la Municipalidad de La Victoria por el caso ‘Los Intocables Ediles’. Principalmente se presumía que era Cuba, entonces titular de la comuna, el cabecilla de la supuesta organización criminal, mientras que a Alexander Peña Quispe se le acusó de ser el financista de esta organización criminal. Según la tesis de la fiscalía, esta agrupación recaudaba, al menos, S/ 25 millones en cobros ilegales.
Según un colaborador eficaz de la investigación, Luciana León habría intervenido a nivel político para favorecer a esta banda criminal con la finalidad de beneficarse mediante “retribuciones económicas” de parte de Peña Quispe. Un colaborador eficaz de la investigación sostuvo que el presunto financista de la organización le pagó a León S/ 15 mil y S/ 20 mil mensualmente a León Romero, al igual que a su asesora Betsy Matos Franco.
Votación en el Pleno
El Congreso de la República aprobó hoy la denuncia constitucional por tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en contra de Luciana León.
“El expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política”, detalló el presidente del Parlamento, José Williams, al culminar la votación en el Pleno.