Patrimonio de Sada Goray asciende a US$ 33 millones, según escrito de puño y letra, sin sustento legal

Nuevos detalles evidenciarían las irregularidades que la empresaria Sada Goray cometió para aparentemente obtener beneficios dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, sin cumplir con lo señalado en la ley.

Según una investigación del diario La República, la dueña de la empresa Marka Group acreditó su patrimonio valorizado en 33,7 millones de dólares ante el Fondo Mivivienda en un simple papel, de puño y letra, que no tenía ningún sustento legal.

Tras la supuesta entrega de un soborno por cuatro millones a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del exministro Geiner Alvarado, Goray habría logrado que fueran nombrados Pedro Arroyo, Gonzalo Arrieta y Roger Gavidia como nuevos miembros del citado programa, relacionado con la cartera de Vivienda.

Luego, estos tres habrían acordado con la dueña de Marka Group para que le financien seis proyectos inmobiliarios por más de S/242,9 millones. Entre los puntos que pactaron también es que Sada Goray invirtiera solo el 15%; es decir, S/36,4 millones, en cada obra, cuando normalmente es el 25%.

Sin embargo, la empresaria no cumplió con este punto y tampoco con la denominada fianza solidaria. Es aquí que en un intento por no perder la financiación es que puso a disposición su patrimonio, según señala la investigación.

Sada Goray informó que tenía US$3,4 millones en inmuebles, US$70.000 en vehículos y US$30,2 millones en valores. Sin embargo, no presentó ninguna documentación que avalará sus propiedades y bienes de acuerdo a una auditoría que el Fondo Mivivienda realizó.

“Las Finanzas Solidarias inscritas por la señora Sada Goray Chong a favor del Fondo (FMV) (…) son respaldadas por una Declaración Confidencial Patrimonial (hoja simple), de fecha 01/09/2021, dirigida al Banco Continental y no al Fondo Mivivienda. Es importante mencionar que se ha verificado selectivamente que, a la fecha, algunos bienes consignados en dicha declaración ya no se encuentran a nombre de la señora Goray”, señala un documento que fue obtenido por La República.

Tras hallar esta irregularidad, las liberaciones de los fondos de los fideicomisos de los proyectos de Sada Goray fueron suspendidas y se generó un perjuicio a 5.491 familias que se habían inscrito para tener una vivienda en proyectos como Lima Bonita, ubicado en San Bartolo; Chiclayo Bonito; Praderas de Cacatachi; Barranca Bonita, Piura Bonita y Alto Larán.

De hecho, el Fondo Mivivienda había destinado los siguientes montos a los proyectos que estaban bajo la supervisión de la empresa de Sada Goray: Lima Bonita (presupuesto del proyecto S/69,7 millones), Chiclayo Bonito (S/64,6 millones), Praderas de Cacatachi (S/50,5 millones), Barranca Bonita (S/33,7 millones), y Piura Bonita (S/24,1 millones).

Precisamente, Sada Goray fue citada para este miércoles a la Comisión de Fiscalización para que explique los beneficios que obtuvo en el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la empresaria decidió solicitar una reprogramación.

A través de una carta, difundida por Latina Noticias, Goray señaló que no le han dado suficiente tiempo para elaborar sus argumentos de defensa frente a las imputaciones que habría tenido influencia en entidades en el Fondo Mi Vivienda y en otras entidades del sector cuando Geiner Alvarado era ministro. Además, pidió que su declaración sea virtual y no presencial porque se encuentra fuera del país.

Por otro lado, Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores de la cartera de Vivienda, tampoco acudirá al llamado del Parlamento. Su abogado Eliu Arismendiz manifestó que su representado no fue “notificado válidamente” y, por ello, “él no va a llegar”. Lo mismo también ha mencionado la defensa legal del periodista Mauricio Fernandini.

Ayer, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), titular de este grupo de trabajo, informó se iba a iniciar una nueva línea de investigación contra el expresidente Castillo, recluido en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado, por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda.