El proyecto de ley que busca modificar el Código Civil para señalar que la vida empieza desde la concepción, una iniciativa planteada por la congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular) y rechazada por organizaciones feministas, fue aprobado este miércoles, por insistencia, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, pese a que el Gobierno de Dina Boluarte lo observó anteriormente.
La iniciativa “obstaculiza el aborto terapéutico para víctimas de violencia sexual [...] y pone en riesgo, particularmente, la vida de miles de niñas y adolescentes”, señaló el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) en un comunicado.
Para Amnistía Internacional, “aprobar esta ley significa ir contra su derecho a la vida, a la salud mental y la salud sexual y reproductiva”. Por su parte, la abogada Josefina Miró Quesada, coautora de Ser mujer en el Perú (Planeta, 2022), consideró que Aguayo es una legisladora “servil a un sistema que reduce a las mujeres a ser incubadoras”.
“Beauvoir decía que el opresor no sería tan fuerte si no fuera por la complicidad de las oprimidas”, tuiteó la letrada. El mes pasado, a través de un oficio, el Ejecutivo ratificó que se trata de “un retroceso para los derechos de las mujeres” y “una barrera para acceder al aborto terapéutico”, un procedimiento legal en el país desde 1924 para casos en que la salud o la vida de la gestante se encuentran en riesgo inminente.
El proyecto, aprobado en abril pasado en el pleno, propone modificar el primer artículo del Código Civil, que actualmente establece que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, para que figure que la vida humana comienza en la concepción y, por lo tanto, es sujeta de derecho desde ese momento.
La ley presenta seis artículos: los primeros establecen el reconocimiento al concebido como persona humana sujeta de derechos y una personalidad independiente de la madre, mientras que los últimos se refieren al acceso a la salud de la madre y cuando se presentan situaciones de riesgo médico en los que se ponga en peligro la vida de la gestante y el concebido. En ese caso, de acuerdo con la propuesta, le corresponde a la madre o al cónyuge “decidir respecto a los actos médicos a ejecutarse”.
El texto fue revisado nuevamente en la Comisión de Justicia un día después de que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU fallara contra el Estado peruano por vulnerar los derechos de una niña víctima de incesto a manos de su padre, al no garantizarle el acceso a un aborto terapéutico y procesarla penalmente tras tener un aborto espontáneo, tuiteó la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático-JP).
En un fallo histórico, el Comité compuesto de 18 expertos independientes pidió a Perú despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil, y garantizar que las menores embarazadas tengan acceso a un aborto seguro, en particular en casos de peligro para la salud y la vida de la madre, así como en casos de violación o incesto.
La guía técnica unificada de la interrupción legal del embarazo, aprobada recién en 2014, establece que el procedimiento debe ser autorizado por una junta médica y realizarse en un centro de segundo nivel, es decir, en un hospital distrital con especialidades básicas.
Sin embargo, Rossina Guerrero, de Promsex, explicó a EFE que el estigma, la desinformación, las creencias religiosas, la oferta restrictiva y otras barreras han provocado que el acceso a este servicio sanitario sea muy limitado.
La organización Manuela Ramos ha alertado que, con el respaldo a la propuesta de Aguayo, el Congreso limita “y en la práctica [está] prohibiendo el acceso al aborto terapéutico”, mientras que la Defensoría rechazó de lleno la propuesta con los mismos argumentos empleados por el Ejecutivo.
“Es necesario que el Legislativo desarrolle un debate, con mayor profundidad, el concepto de concebido, en atención a la complejidad del tema en el plano internacional”, se lee en los párrafos iniciales del documento firmado por la mandataria, donde se hace referencia a que el embrión no calza en la categoría de “niñez”, según el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La autora del proyecto ―que recibió 70 votos a favor y 29 en contra—, señaló que la decisión de observarlo es “una vergüenza” y que el oficio está “lleno de inexactitudes y contradicciones”, sin abundar explicaciones.
También publicó un clip bajo el rótulo de “Perú Pro Vida”, en el que aparece Gisela Valcárcel, una conductora televisiva que profesa el cristianismo; y Vanya Thais, una panelista que mencionó a Hitler después de leer un versículo de Jeremías durante una intervención en el Congreso.
Aguayo integra una tienda ultraconservadora liderada por Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, un empresario devoto del Opus Dei, célibe y recurrente al uso del cilicio, quien, según ha declarado, reprime su deseo sexual pensando en la Virgen María.
Este político, contrario al feminismo y al enfoque de género, propuso en el pasado enviar a un hotel de cinco estrellas a las menores víctimas de violencia sexual.
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