La comuna limeña, a cargo de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), negó el permiso para que la Marcha del Orgullo de este año concluya en la plaza San Martín, una tradición que solo se rompió en 2016, durante la segunda gestión de Luis Castañeda Lossio.
En una rueda de prensa, los promotores de esta movilización —que desde hace dos décadas reivindica los derechos LGBTI— confirmaron este miércoles que la Municipalidad de Lima no permitió el acceso al espacio público de la avenida Nicolás de Piérola, pese al llamado de activistas y la Defensoría del Pueblo. En su lugar, la administración conservadora cedió la Alameda 28 de Julio.
El colectivo Marcha del Orgullo precisó que el evento se desarrollará indefectiblemente el sábado 1 de julio, desde el Campo de Marte (Jesús María), aunque “el fin de fiesta y la lectura del pronunciamiento se realizarán” en este punto que conecta el Campo de Marte con el Parque de la Exposición y que conocido por reunir a seguidores de la cultura asiática.
Los promotores habían denunciado el mes pasado que la administración de López Aliaga —desaprobado con un 63% en el sector con menos ingresos, según Datum— desatendió dos solicitudes cursadas el 22 de marzo y el 4 de mayo para emplear uno de los principales emblemas del centro de Lima.
La dilación ya era vista como un rechazo anticipado, aunque los organizadores insistieron hasta el último jueves, según conoció Infobae Perú. Detrás de la burocracia para replicar la solicitud estaba también el conservadurismo de López Aliaga, un político contrario al feminismo y al enfoque de género.
“La primera vez que nos negaron la plaza San Martín fue durante el primer año del segundo gobierno de Castañeda. Ahora ocurre en el primer año de López Aliaga. En su momento pudimos recuperarla, pero no sabemos si sucederá lo mismo el año que viene”, dijo el activista Jorge Apolaya, uno de los promotores.
La plaza San Martín se encuentra en una zona intangible para manifestaciones que pongan en “riesgo la seguridad y la salud pública” en el Centro Histórico, según una declaratoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima elevada en febrero pasado, uno de los meses álgidos de las protestas antigubernamentales.
La medida fue impulsada por el burgomaestre, quien dijo que es un paso trascendental para convertir la capital en un centro de atracción turística a escala mundial, y generó críticas por parte de organizaciones que la consideran una afrenta al derecho a la reunión protegido por la Constitución.
El exregidor Manuel Siccha indicó que, pese a la negativa, ha sido crucial que los promotores procuraran “que la marcha se realice en el Centro de Lima, el espacio natural donde convergen tantas luchas e identidades”.
“Este 2023 volvemos a las calles para decirle a la sociedad, a este gobierno y toda la clase política del país que las personas LGBTI también luchamos por una verdadera democracia, con justicia social y representación”, expresó el colectivo.
Cuando fue candidato presidencial, López Aliaga declaró a El Comercio que “toda la doctrina de género que viola los derechos de la niñez” sería “exterminada”, pues “ese enfoque de género es una ideología que destroza a las familias, la vida y la inocencia de los niños”.
Es la postura de un empresario devoto del Opus Dei, célibe y recurrente al uso del cilicio, quien, según ha declarado, reprime su deseo sexual pensando en la virgen María.
En 2016, la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio dispuso que la movilización concluya en el Campo de Marte con los mismos argumentos maquillados de conservadurismo. Precisamente, cuando asumió el cargo de Lima, el líder de Renovación Popular juró por dios y por el propio Castañeda.
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