Luis Mesones, exesposo de la investigada empresaria Sada Goray e implicado en el mayor escándalo de corrupción en el sector Vivienda durante la gestión del expresidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado, fue ―hasta este martes por la tarde— un funcionario de la administración de Dina Boluarte.
El legislador Héctor Ventura (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, denunció que Mesones, exgerente de la firma Marka Group, trabajó desde inicios del 2023 como miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) del Produce, pese a que el caso de corrupción se hizo público hace medio año.
Según el documento difundido por RPP, su designación se produjo en enero pasado, pero sus servicios fueron concluidos este martes a través de una resolución firmada por la mandataria y el titular de la cartera de Producción, Raúl Pérez. La tesis fiscal es que Castillo dirigía desde la presidencia una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político, al que también asomó Mesones.
“Este personaje, involucrado en presuntos actos de corrupción, ligados a Marka Gropup y Pedro Castillo, seguían en la gestión actual. ¿Por qué siguen teniendo a funcionarios que han servido para destruir al país? Si nosotros no advertíamos ayer de esto hubieran persistido en el poder”, cuestionó Ventura en diálogo con la emisora.
En enero del año pasado, el ingeniero industrial fue nombrado por el exmandatario y el exministro Jorge Prado (Producción) como representante de este sector. Por entonces, Goday ya había comenzado a cursar pagos ilícitos para que Marka Group, la empresa que fundó con su excónyuge, recibiera beneficios, según expedientes fiscales.
Goray buscaba, en rigor, un acuerdo para otorgar préstamos hipotecarios sin supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), ―es decir, ser una entidad prestamista no supervisada—, y la aprobación de un sistema de fideicomisos para sus proyectos con el programa Techo Propio.
La estrategia de la empresaria y ahora colaboradora eficaz era beneficiarse a través de convenios con el Estado para vender viviendas sociales en condiciones donde su firma obtuviera más rédito.
Goday tenía inversiones en proyectos que necesitaban el visto bueno del Fondo MiVivienda (FMV), pero no lograban que fueran aprobadas, principalmente porque su empresa quería aportar solo el 15% del fideicomiso, no el 25% que fijaba el comité. El aval debía ser emitido desde el directorio, de manera que tenía dos caminos: o elevaba la inversión o buscaba remover el directorio.
Optó por lo segundo y pagó un soborno de cuatro millones de soles —en partidas distintas—, un monto que, según la Fiscalía, fue pedido por Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y hasta llegó a manos de Castillo, ahora recluido en Barbadillo.
Las negociaciones y los pagos se hicieron, de acuerdo con el Ministerio Público, en la casa del periodista Mauricio Fernandini, quien propició el vínculo entre Goday y Alvarado por encargo de su prima, Pilar Tijero. Fernandini ha admitido que Goday le pagó 10 mil soles mensuales por el alquiler de su departamento para estos encuentros ilegítimos.
Reunión exprés
En septiembre de 2021, el comité de riesgos del FMV había aprobado el convenio para otorgar préstamos hipotecarios sin supervisión de la SBS, pero faltaban los fideicomisos, la inyección de dinero para la venta de las viviendas. La junta volvió a reunirse, pero el pedido de Marka Group fue denegado.
Un 14 de septiembre de ese año, en una oficina del centro empresarial Los Incas (Surco), se orquestó una reunión donde comparecieron diez personas, según información recabada por Fiscalía. En esa cita exprés —a la que también asistió Goray— se explicó la visión y misión del FMV, y cómo funciona esta entidad estatal que administra 1200 millones de soles.
Cuatro de los diez asistentes ingresarían al FMV el 29 de ese mismo mes: Pedro Arroyo fue nombrado presidente, Luis Mesones asesor, y Gonzalo Arrieta y Roger Gavidia como directores. José Carlos Forero, quien dio la clase exprés, según información fiscal, devino en gerente general del Fondo. Dos meses después, el 18 de octubre, el nuevo directorio aceptó la propuesta de Goray de cubrir el 15% de la inversión inmobiliaria.
Con esos cambios, el directorio aprobó seis proyectos inmobiliarios por cerca de 250 millones de soles y Marka Group logró el financiamiento con fondos públicos para la construcción de 5.491 viviendas. Según documentación difundida por La República, fue Mesones quien, contratado subrepticiamente, influyó sobre Arroyo para que el FMV le diera luz verde a los proyectos inmobiliarios de su exesposa.
Goray, quien aduce que entregó las coimas millonarias porque estaba extorsionada, fue cercada por una investigación del Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder a fines de octubre del año pasado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. En esta pesquisa, Mesones figura como testigo.
La Comisión de Fiscalización la ha citado para este miércoles junto con su expareja, Fernandini y otros implicados en esta trama. “Marka Group debe ser la siguiente línea que la Comisión de Fiscalización debe investigar. Este miércoles serán citados los primeros involucrados”, tuiteó el legislador que preside el grupo parlamentario.
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