Empresas de Sada Goray fueron beneficiadas durante el gobierno de Pedro Castillo a pesar de que no tenían experiencia

Nuevos detalles se dan a conocer sobre los beneficios que habría tenido la empresaria Sada Goray durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Según el diario El Comercio, tres compañías ligadas a Marka Group pudieron participar de fideicomisos del Fondo Mi Vivienda, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a pesar de que no contaban con la experiencia necesaria: apenas tenía un año y meses de creación.

La relación entre las empresas de Goray y el Fondo Mi Vivienda habría comenzado a inicios del 2021 cuando se estaba en plena campaña electoral. En esa época, ella le planteó al programa de la cartera de Vivienda que podría haber un convenio con el fin de otorgar créditos hipotecarios para “viviendas de interés social”.

Sin embargo, el Fondo Mi Vivienda le mencionó el 15 de febrero a Goray una serie de requisitos que debía cumplir: tener tres años de experiencia en la concesión y administración de créditos, así como un staff especializado de colaboradores con cinco años en dicha labor.

Dicho sea de paso, las empresas vinculadas a Marka Group no cumplían estos puntos.

Recién en septiembre del 2021, ya bajo la gestión de Castillo Terrones, es que se firmó un convenio con el Fondo Mi Vivienda. Y esto se habría ejecutado tras los primeros sobornos entregados a Salatiel Marrufo, entonces jefe del gabinete de asesores de Geiner Alvarado.

De esta forma, el holding de Sada Goray pudo promover proyectos como Chiclayo Bonito (Inmobiliaria Nuevo Chiclayo), Lima Bonita (Markagroup Sur) y Barranca Bonita (Nuevo San Bartolo).

En el 2022 siguieron con el proyecto Piura Bonita, cuya promotora es Desarrollo Inmobiliario Nuevo Piura.

Según la Procuradoría Anticorrupción, entre octubre del 2021 y marzo del 2022 hubo un desembolso de S/ 148′205.317 para que los proyectos en los que estaban las empresas ligadas a Sada Goray.

Aproximadamente, de la cifra antes mencionada, al menos S/24′005.385 fueron a las “empresas subsidiarias consideradas irregularmente promotores inmobiliarios” de Fondo Mi Vivienda.

La empresaria Sada Goray no solo habría querido tener influencia en el Fondo Mi Vivienda, sino también en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y la Superintendencia Única Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Según la Fiscalía, Cyntia Rudas Murga, exsuperintendente de la SBN buscó coaccionar a Williams de la Vega Willanes, de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, para que saque una resolución a favor de Goray para registrar un predio en el distrito de Chilca que no le pertenecía.

En esa época, la extitular de la SBN le dijo a De La Vega debía reconsiderar la solicitud planteada por la empresaria porque ella había aportado a la campaña electoral de Perú Libre y del expresidente Castillo en los comicios generales del 2021.

De La Vega se negó y, por tanto, fue sacado de la SBN. Ante la vacante en la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, Sada Goray propuso a Marina Subiria Franco para que ocupe este cargo. A su vez, ella buscó los servicios de la abogada Flor Olivera Orellana.

La Fiscalía cree que ambas trabajaron unidas para ayudar a la dueña de la empresa Marka Group.

Por otro lado, el exministro de Justicia, Félix Chero, relató a la Fiscalía que Castillo Terrones le alcanzó la hoja de vida de una persona recomendada por Goray para asumir la Sunarp. Se trataba de Luis Longaray.

“Me indicó [Pedro Castillo] que tenía que cambiar al superintendente de la Sunarp y me entregó el currículum vítae físico del señor Luis Longaray Chau”, mencionó Chero el 5 de enero pasado en la sede del Ministerio Público. El pedido del exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado, habría ocurrido el 13 de abril del 2022.

La llegada de Longaray a la Sunarp no era más que un cambio para beneficiar a Sada Goray para la inscripción de un terreno en Chilca, según comentó Marrufo al Ministerio Público.