El legislador Wilson Quispe (Perú Libre) protagonizó un incidente este viernes cuando intervenía en una sesión de la Comisión de Descentralización, donde el premier Alberto Otárola sustentó el proyecto de ley que propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
En reiteradas ocasiones, Quispe llamó genocida al jefe del Gabinete y se negó a retirar la palabra, pese a la insistencia de su colega Diana Gonzáles, quien preside el grupo parlamentario.
“Mejor voy a limitarme de seguir participando. Mantengo lo dicho porque ese señor no merece el mínimo respeto, no voy a retirar la palabra. [...] No me van a ordenar a ponerme de rodillas ante una persona que ha ordenado matar pueblos”, acusó Quispe de manera acalorada.
Mientras el congresista replicaba, Otárola sonreía por momentos, según imágenes difundidas por Canal N. El premier no reparó en el adjetivo y se limitó a continuar con su intervención.
Señaló que su iniciativa busca mejorar el nivel de ejecución de las inversiones y destacó que, a la fecha, hay 1879 obras paralizadas. “La ANIN mejorará la política y ejecución de los proyectos de inversión pública para garantizar el cierre de brechas en el país”, mencionó.
En la última semana de mayo, Quispe había tildado de asesina a la presidenta, investigada por su presunta responsabilidad en la represión a las protestas, y respaldó la postura del líder mexicano Andrés López Obrador, quien no reconoce su administración.
“Es un pequeño grupito oligarca que quiere declarar persona no grata a AMLO, quien de manera internacional ha enviado un mensaje a todos los países, sobre todo, de que se respete los derechos humanos de las más de 70 víctimas mascaradas por este Gobierno genocida y asesino de Dina Boluarte”, señaló entonces.
“Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia, es el mensaje que han llevado [...] Este Gobierno genocida ha dañado la sensibilidad de muchas personas”, continuó.
Boluarte y Otárola son investigados junto con Pedro Angulo, expremier; los exministros del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes, y el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez. El caso se abrió a raíz de las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La Fiscalía intenta determinar la responsabilidad de los altos mandos del Ejecutivo en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Boluarte declaró este martes durante unas tres horas en la Fiscalía de la Nación, pero, cuando las otras partes debían formular sus preguntas, se acogió al derecho al silencio por recomendación de su abogado.
Respondió de manera escueta ante las consultas del fiscal Marco Huamán, que asiste la investigación, y volvió a negar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.
De igual modo, descartó disposiciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía para llevar a cabo una represión violenta antes de abandonar el edificio del Ministerio Público dentro de una camioneta con su resguardo policial con dirección a Palacio de Gobierno.
En caso de una acusación, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026, cuando culmine su mandato, según fija la Constitución. En las protestas murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en mayo la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión. El organismo de la OEA señaló en un informe a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en “múltiples” muertes de civiles y pidió a la justicia peruana “investigar, juzgar y sancionar” a los responsables.
Boluarte cumplió medio año en el poder y ha asegurado que su Gobierno consiguió preservar el orden democrático y el Estado de derecho.
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