Pedro Pablo Kuczynski: Ordenan levantar secreto de comunicaciones de más de 15 años

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dispuso que cuatro firmas de telecomunicaciones entreguen los registros del exmandatario desde enero del 2001 a julio del 2016.

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El Poder Judicial ordenó este viernes levantar el secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) a raíz de una investigación que sigue los presuntos aportes irregulares en la campaña de 2016, donde se impuso frente a Keiko Fujimori con la bandera de Peruanos por el Kambio (PPK), un partido ya desaparecido.

Según el documento judicial difundido por El Comercio, la medida dictada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional implica una inspección de más de 15 años.

El juez Jorge Chávez dispuso que cuatro firmas de telecomunicaciones (Telefónica del Perú, América Móviles del Peru S.A., Entel del Perú-Nextel del Perú y Bitel) informen al Ministerio Público todos los registros del exmandatario comprendidos entre el 1 de enero del 2001 al 27 de julio del 2016.

Las empresas deberán remitir los equipos celulares utilizados, chips (tarjeta SIM) insertados, la relación de números de abonado a nombre de PPK, su registro histórico de llamadas entrantes y salientes, con indicación de las celdas en que se concretaron dichas llamadas y los titulares de los números antes indicados.

Asimismo, entregarán los mensajes de texto (SMS) entrantes y salientes (fecha, hora, números de abonado, duración, celdas en tiempo real), así como los números de celdas y ubicación de las antenas del abonado.

Para Chávez, el requerimiento fiscal cumple con los requisitos de necesidad, urgencia y gravedad. “Con la medida solicitada se obtendrán datos objetivos sumamente relevantes como la identidad de los titulares de los números telefónicos, así como el detalle de reporte de llamadas, lo cual permitirá esclarecer los hechos investigados”, refirió el magistrado.

El caso se remonta a 2018 y ubica a Kuczynski, según la tesis fiscal, en la presunta recepción de dinero ilícito en su cuenta personal, parte del cual empleó en la contienda electoral de hace siete años.

PPK “habría recibido en su cuenta maestra del Banco de Crédito del Perú en dólares, dineros ilícitos de cuentas extranjeras pertenecientes a las empresas Ternium S.A. y Tenaris SA (entre los años 2001-2015)”, cuando fue ministro de Economía y Finanzas, según el Ministerio Público.

“Este dinero habría sido utilizado en la campaña presidencial del imputado entre los años 2015 al 2016, donde resultó ganador, pues habría efectuado entregas de dinero a personas vinculadas a la campaña”, se lee en el requerimiento fiscal para levantar el secreto de las comunicaciones.

De igual modo, un aspirante a colaborador eficaz del Club de la construcción ―un grupo de compañías que supuestamente se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos— admitió que una firma implicada en la trama también aportó otros 100 mil dólares.

En diciembre del 2021, la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria por el delito de lavado de activos en las modalidades de transferencia y tenencia en agravio del Estado.

ARCHIVO - El presidente de
ARCHIVO - El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, habla por teléfono celular al salir del Palacio de Gobierno, también conocido como la Casa de Pizarro, en Lima, Perú, el 21 de marzo de 2018. (AP Foto/Martín Mejía, archivo)

PPK enfrenta un pedido fiscal de 35 años de cárcel por el mismo delito, con agravante de organización criminal, como parte de la investigación de otro caso relacionado con Odebrecht.

El Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, presentó la acusación contra el exmandatario, acusado de recibir más de 12 millones de dólares de la constructora brasileña y otras en consultorías y asesorías encubiertas.

En la acusación del Ministerio Público también fueron incluidas cuatro personas naturales y cuatro personas jurídicas. Kuczynski, un exbanquero de Wall Street, goza de libertad condicional desde abril de 2022 tras estar tres años bajo arresto domiciliario.

Su abogado descartó que el expresidente Alejandro Toledo haya incriminado a su cliente tras declarar por este caso desde el penal de Barbadillo, donde cumple 18 meses de prisión preventiva, luego de ser extraditado desde Estados Unidos.

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