El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró este viernes fundada en parte la nulidad de la inscripción de Perú Primero, la agrupación política creada por el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020). El organismo electoral rechazó en primera instancia la solicitud presentada por un grupo de ciudadanos encabezado por el abogado Wilmer Medina, quien defendió al expresidente Alan García, pero el fallo fue apelado y reconsiderado.
A través de un oficio, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, informó previamente que no participaría en la resolución debido a “muestras de un discurso de odio personal en diferentes y reiteradas oportunidades”.
Medina, líder de la iniciativa, señaló que ahora el partido puede iniciar un nuevo trámite de inscripción, pero sin la participación de Vizcarra, quien reemplazó en la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y, durante su gestión, mantuvo una dura pugna con el Legislativo, dominado por el fujimorismo, que terminó disolviendo el 30 de septiembre de 2019.
Por su parte, la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) consideró en Twitter que “sin la presencia de Salas Arenas, el JNE funciona honestamente”.
“¿O será que las pruebas eran tan contundentes que no les quedó más remedio que aceptar la tacha presentada contra la ilegal inscripción del partido del Vizcarra?”, cuestionó en el mismo mensaje.
Después de fundar la agrupación política, una comisión parlamentaria citó a Salas Arenas para que informe sobre este tema, aunque el funcionario no asistió a la convocatoria porque, dijo, está impedido de adelantar opinión.
En noviembre de 2020, el exmandatario fue destituido por “incapacidad moral” por el Parlamento siguiente, que también lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante diez años por el escándalo de vacunaciones irregulares contra el coronavirus durante su gestión, conocido como ‘Vacunagate’.
Por este caso, la fiscal Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional que salpicó también a su exministra de salud, Pilar Mazzetti, como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
Al quedar inhabilitado, Vizcarra no pudo asumir el cargo de congresista para el que fue electo con la mayor votación nacional en los comicios de 2021. El año pasado recibió una segunda inhabilitación, esta vez por cinco años, por una presunta infracción constitucional al intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, durante la administración de Kuczynski.
Recientemente, en febrero, el Legislativo aprobó el informe final que recomienda acusarlo constitucionalmente por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas durante la pandemia.
Entre las principales conclusiones del informe aprobado se sostiene que Vizcarra y las exministras de Economía, Salud y Relaciones Exteriores —María Antonieta Alva, María Elizabeth Hinostroza y Elizabeth Astete, respectivamente— se reunieron con empresas del sector salud para concertar una compra contraria a las políticas de salud vigentes, que reconocía el uso de la prueba molecular para detectar el virus.
Además, señala que la central de Compras Públicas – Perú Compras, a requerimiento del Instituto Nacional de Salud (INS), benefició irregularmente a las empresas Nipro Medical Corporation Sucural Perú y Multimedical Supplies SAC.
El informe aprobado por la cámara pasó a manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento y se remitirá al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones penales en caso de considerarlo necesario.
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