Las dos mujeres más poderosas del Perú se reunieron a solas antes del interrogatorio fiscal programado para la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas que devinieron tras la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo.
Según un informe difundido este viernes por Hilderbrandt en sus trece, que cita testigos de la diligencia, la titular del Ministerio Público recibió a Boluarte en un ambiente especial y se enfrascaron en una charla privada por diez minutos, un hecho considerado inusual.
Después pasaron a otro ambiente donde empezó una declaración que se prolongó durante unas tres horas por una pesquisa sobre presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Fue interrogada por primera vez en marzo.
De acuerdo con el informe periodístico, la mandataria acudió a la citación del último martes con una serie de chats que mantuvo con el premier Alberto Otárola, exministro de Defensa, en los que, entre otras indicaciones, “reitera que el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal [...] y que la prioridad es la vida de los ciudadanos”.
Dos días antes de la declaración, Boluarte había acudido a la Notaría Lora Castañeda, en Villa María del Triunfo, para legalizar las capturas de pantalla y mostrarlas impresas a la fiscal general, quien no insistió en solicitar documentos oficiales ni abordar los lineamientos para preservar la vida de los manifestantes, según el semanario.
La presidenta solo respondió las consultas de Fiscalía y, cuando las otras partes debían formular sus preguntas, se acogió al derecho al silencio por recomendación de su abogado. Respondió de manera escueta ante las consultas del fiscal Marco Huamán, que asiste la investigación, y volvió a negar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.
De igual modo, descartó disposiciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía para llevar a cabo una represión violenta antes de abandonar el edificio del Ministerio Público dentro de una camioneta con su resguardo policial con dirección a Palacio de Gobierno.
“Lo ocurrido me deja la sensación de que la Fiscalía de la Nación no estaba preparada o quería cumplir con un formalismo”, dijo la abogada Gloria Cano, la abogada de los fallecidos en las protestas que estuvo presente en la diligencia. Un fiscal familiarizado con el caso dijo a la revista que “la presidenta acudió a un conversatorio de comadres” y que “el caso ―abierto en enero— amenaza con terminar en el archivo”.
El Ministerio Público intenta determinar la responsabilidad de Boluarte en las muertes durante las protestas en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. En caso de una acusación, la jefa de Estado no podrá ser sometida a juicio hasta 2026, cuando culmine su mandato, según fija la Constitución.
En las protestas murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en mayo la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión. El organismo de la OEA señaló en un informe a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en “múltiples” muertes de civiles y pidió a la justicia “investigar, juzgar y sancionar” a los responsables.
Boluarte acaba de cumplir seis meses en el poder tras sustituir como vicepresidenta a Castillo, detenido por el delito de rebelión tras ser cesado por el Congreso por un fallido autogolpe. Acompañada del primer ministro, aseguró este viernes que su Gobierno ha conseguido preservar el orden democrático y el Estado de derecho.
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