Vuelve a resonar con fuerza la expresión ‘otorongo no come otorongo’ con el blindaje a las congresistas Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso) y Heidy Juárez (Podemos Perú), denunciadas por ‘mocha sueldos’. En la sesión de la Comisión de Ética del Congreso de la República no se obtuvieron a los votos necesarios para suspender pa las legisladoras por 120 días.
El primer caso en ser visto por el referido grupo de trabajo fue el de Magaly Ruiz, quien fue denunciada por dos trabajadores de haberlos presionado para entregarle un porcentaje de sus haberes.
Después de revisar el informe que recomendaba la suspensión de sus funciones congresuales, se procedió a la votación. Siete de sus colegas optaron por abstenerse de votar sobre el reporte, viciando el proceso que se verá nuevamente en una próxima reunión del grupo de trabajo.
“Con 4 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones, el caso queda sin resolver, por lo tanto, el informe final del expediente contra la congresista Magaly Ruiz, que sugería una suspensión de 120 días, se votará en una próxima sesión”, anunció Karol Paredes (Acción Popular), presidenta de la comisión.
¿Quiénes protegieron a Hagaly Ruiz? Según los resultados de la votación, los parlamentarios María Agüero (Perú Libre), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Flavio Cruz (Perú Libre), Javier Padilla (Renovación Popular), Hitler Saavedra (Somos Perú), Elías Varas (Perú Bicentenario) y Óscar Zea (Bloque Magisterial).
Al no quedar resuelta la causa, la Comisión de Ética deberá revisar y votar nuevamente el caso en la próxima sesión hasta que una de las posturas, ya sea a favor o en contra, obtenga la mayoría de votos.
Cambiaron la suspensión por una ‘amonestación’
Los miembros de la Comisión de Ética también protegieron a Heidy Juárez, de la bancada de Podemos Perú. En su caso, solicitaron una moción previa para cambiar la suspensión de 120 días por una ‘amonestación pública’ acompañada de una multa equivalente a 30 días de salario.
La variación en la sanción fue apoyada con 10 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, cerrando así el acta y la opción de que el caso Juárez sea nuevamente vista en este grupo de trabajo.
Quienes reslpaldaron la amonestación a Heidy Juárez fueron los congresistas de Perú Libre Kelly Portalatino, María Agüero, Waldemar Cerrón y Flavio Cruz, así como por Óscar Zea (Bloque Magisterial), Javier Padilla (Renovación Popular), Hitler Saavedra (Somos Perú), Elías Varas (Perú Bicentenario), Nency Heindinger (Alianza Para el Progreso) y Luis Aragón (Acción Popular).
Los antecedentes de las ‘mocha sueldos’
El caso de la congresista Magaly Ruiz se originó a partir de un informe del programa Punto Final, que reveló la denuncia de un exempleado del Poder Legislativo, quien afirmó haber pagado S/1,500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por Ruiz.
También señaló que un asesor de la legisladora era el encargado de cobrar los supuestos cupos, argumentando que ella estaba ‘endeudada hasta el cuello’ por los gastos de su campaña electoral en 2021.
Según diversas conversaciones, la congresista estaba al tanto de la situación. La denuncia fue remitida a la Comisión de Ética Parlamentaria, y ella fue retirada de dicha comisión por su partido, Alianza Para el Progreso.
A finales de mayo, Cecilia Vásquez, excoordinadora parlamentaria del despacho de Magaly Ruiz en Trujillo, también denunció a la parlamentaria por una reducción de su salario y afirmó que recibió amenazas e intimidación para que no presentara una queja.
En cuanto a la congresista Heidy Juárez, se le acusaba de realizar cobros irregulares a los empleados de su despacho congresual y de la Comisión Especial de Cambio Climático.
Cuatro de sus ex colaboradores habrían testificado ante un medio periodístico, indicando que se les solicitaba un ‘diezmo mensual’ de sus salarios, dinero que se depositaba en la cuenta de Miguel Ángel Chafloque Domínguez, quien se desempeñaba como asesor principal de la congresista denunciada.
Además, afirmaron que existían otros cobros denominados ‘aportes voluntarios’ que el mencionado asesor principal solicitaba para ‘actividades sociales’ de la parlamentaria.