La presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola difirieron este jueves en sus declaraciones sobre la crisis en el país tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo, una acción que decantó en movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.
En diálogo con Radio Francia Internacional (RFI), el jefe del Gabinete dio por concluido el estallido social, que dejó al menos 49 civiles muertos a raíz de enfrentamientos directos con policías. “La crisis ya concluyó en el país. [Perú] ha entrado en un proceso de pacificación [tras] un lamentable suceso en la historia reciente. En este momento, no existe ni una sola marcha ni caminos bloqueados”, dijo.
Otárola ratificó que las manifestaciones fueron promovidas por “un grupo muy pequeño y muy violento” financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en un informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad, y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales”.
Mencionó, igualmente, que el responsable político de las muertes es Castillo, recluido desde hace medio año en el penal de Barbadillo por cargos de rebelión y corrupción. “Ha regresado la estabilidad al país y estamos preparados para poder gobernar en los meses siguientes, asegurando la protección de los derechos, la integridad, la vida y propiedad de los peruanos”, aseguró.
Su discurso fue disímil al emitido por Boluarte durante la inauguración del IV Congreso de Emprendedores Amazónicos realizado en Loreto. La mandataria fue consultada sobre la última encuesta de Datum, que confirmó su rechazo en el sur con un 84%, mientras que en Lima apenas logra un 23% de aprobación.
“Nosotros recibimos el país en medio de una crisis política que nunca se había visto [...] Yo no estoy entrando al inicio de gobierno luego de una elección. Estoy entrando como presidenta luego del golpe de Estado. Obviamente que las encuestas van a dar esos resultados. Estamos a la mitad de crisis”, replicó.
Boluarte consideró que la encuestadora debe evaluar su gestión desde fines de diciembre, justo en el punto más álgido de la vorágine. “La gran mayoría que salían a protestar salían en esas justas reivindicaciones olvidadas. Pero había un grupo que los utilizaba para poder generar el caso, la violencia y el caos, porque su interés era político”, continuó.
En la víspera, la mandataria respondió durante unas tres horas en la sede principal de la Fiscalía de la Nación y, según su abogado, Joseph Campos, ahora espera ser excluida de las investigaciones que consideró que no tienen “ningún sentido”, pero sí un “efecto deteriorante” mientras se mantenga vigente.
La investigación fiscal también incluye a Otárola, Angulo y Cervantes, así como contra el exministro del Interior Víctor Rojas y el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Previamente, la Comisión Permanente del Congreso archivó una denuncia constitucional contra Boluarte con el argumento de que ya es investigada por el Congreso y el Ministerio Público, por lo cual aún no se define la responsabilidad de algún funcionario.
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