Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene 15 días para investigar a las congresistas “mocha sueldos”

La Comisión Permanente aprobó ayer darle un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que investigue a las legisladoras Rosío Torres, Magaly Ruiz, María Acuña (Alianza para el Progreso) y Katy Ugarte (no agrupada), quienes son acusadas de haber recortado los sueldos de los trabajadores de sus despachos.

La legisladora Kira Alcarraz (Podemos) sustentó que existen los suficientes elementos para que se les abra expedientes a las mencionadas legisladoras porque habrían cometido el delito de concusión que está tipificado en el artículo 382 del Código Penal. Igualmente, infringieron los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política.

Las denuncias contra Torres, Ruiz, Acuña y Ugarte volverán a la SAC, donde se tendrá que elegir a un ponente que deberá profundizar en las mismas. Tendrá que llamar a los testigos que acusan a las parlamentarias, tomar las réplicas de ellas y, finalmente, presentar un informe final que tendrá que ser votado.

Si es aprobado, todo lo actuado pasará a la Permanente. Allí será debatido otra vez y será sometido a consideración de los congresistas. En caso de que reciba el visto bueno, será elevado al Pleno como última instancia. Torres, Ruiz, Acuña y Ugarte tendrán que presentarse con sus abogados y defenderse del posible desafuero.

El abogado penalista Benji Espinoza refirió que las legisladoras recibirían hasta ocho años de prisión efectiva si se comprueba que cometieron un delito.

“En el caso de las cinco congresistas tienen como denominador común que en todas ellas habría la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, que está previsto en el artículo 382° del Código Penal, que significa en buena cuenta que el funcionario público abusa de su poder y obliga o induce a que entregue algo”, dijo el letrado.

“La pena que corresponde es de mínimo dos y como máximo hasta ocho años, si es una condena grave. En este caso concreto de las congresistas se cumplen los tres requisitos: son funcionarias públicas, habría abuso de su cargo y el beneficio fue para ellas”, afirmó Espinoza.

La parlamentaria Rosío Torres se vio involucrada en estas aportaciones que eran transferidas a su sobrino.

Al menos cinco extrabajadores y trabajadores lo realizaban, aunque algunos dicen no saber el motivo y prefieren que la consulta sea directa para Juan Daniel Pérez Guerra. Ante el interrogatorio a la parlamentaria, ella desconoció los hechos sin imaginar que estaba siendo grabada de otros ángulos.

Rosío Torres ingresó un poco nerviosa al hemiciclo y en su equipo móvil digitó el nombre de su sobrino. Inmediatamente, borró todo tipo de conversación y revelaba que tenía a un “enemigo” dentro de su equipo. Al final, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de concusión y la Comisión de Ética abriría una indagación de oficio este lunes.

Por otro lado, Magaly Ruiz fue acusada de haber recortado el sueldo a sus trabajadores por intermedio de uno de sus asesores de confianza, según Punto Final.

Carlos Marina Puscan denunció que Jhonny Romero Nima les pedía el aporte con la finalidad de ayudar a las personas más vulnerables. No obstante, luego se habría dado cuenta de que esta suma de dinero llegarían a manos de la parlamentaria.

Ruiz lo negó y decidió despedir a su asesor, pero la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar. Por su parte, APP decidió retirarla de la Comisión de Ética y la legisladora pidió licencia en su partido.

Por su parte, Katy Ugarte también recortaba el sueldo a su trabajador.

Según el programa Cuarto Poder, empleados del despacho de Ugarte destinaban una parte de sus salarios para armar bolsas de dinero que llegaban a los S/ 2 000. Esto se hacía realidad, mediante depósitos y en efectivo, de manera obligatoria. Toda la operación se hacía para distribuirlo a los medios de comunicación de Cusco, donde iban a favorecer la imagen de la congresista.

Una prueba clara es el chat de WhatsApp, donde dos empleados de la también exministra de la Mujer hablan y muestran su incomodidad por esta situación.