Nuevos detalles evidencian la enorme influencia que Sada Goray tuvo en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el mando del encarcelado Geiner Alvarado, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
Según una nota del diario El Comercio, la Procuradoría Anticorrupción cuenta con información que la empresaria tuvo injerencia en la designación de una persona para que sea supervisora de fideicomisos del fondo Mi Vivienda. Se trata de la arquitecta Luz Delfina Mayhua Elguera.
Antes de que llegará a este cargo, Mayhua trabajó para Define Servicios S.A.C., donde se desempeñó como jefa del Área Inmobiliaria entre junio del 2014 al 2021. Coincidentemente, cuando se convirtió en funcionaria pública, favoreció a esta empresa para que cumpla la tarea de “efectuar el control de avance” y “autorizar los desembolsos” de seis proyectos entregados a Marka Group de Sada Goray entre diciembre del 2021 y febrero del 2022.
El asunto resulta más grave porque esta arquitecta tampoco registró en su declaración jurada que trabajó para Define Servicios S.A.C.
A base de esta actuación irregular, la Procuradoría Anticorrupción cree que Mayhua vulneró el artículo 12 del Código de Ética y Conducta del fondo Mi Vivienda porque no se abstuvo de participar en procesos que iban a terminar por beneficiar a la empresa donde había trabajado antes de ingresar al Estado.
Adicionalmente, esta funcionaria también infringió el artículo 13 porque, al haber un evidente conflicto de intereses, sus actos tendrían que ser nulos y sus ingresos salariales, que ascenderían a S/252.388,41, habría generado un perjuicio al Estado peruano.
En la actualidad, Mayhua no se encuentra incluida en la investigación por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado que se le sigue a Sada Goray en el Ministerio Público. Sin embargo, con este nuevo detalle, podría cambiar su situación legal.
Otros investigados
Hay que señalar que la red de corrupción que Sada Goray lideró junto al periodista Mauricio Fernandini y Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también hay otros personajes.
Según el diario El Comercio, las indagaciones también apunta a cuatro exfuncionarios de Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). En concreto, nos referimos a Cyntia Rudas Murga, Marina Subiria Franco, Jaqueline Perales Olano y Héctor Chávez Arenas.
La tesis fiscal es que Rudas está incluida en el caso porque cuando era la superintendente de la SBN buscó coaccionar a Williams de la Vega Willanes, de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, para que saque una resolución a favor de Goray, quien buscaba revertir una resolución que no le había permitido registrar un predio en el distrito de Chilca que no le pertenecía.
En esa época, la extitular de la SBN le dijo a De La Vega debía reconsiderar la solicitud planteada por la empresaria porque ella había aportado a la campaña electoral de Perú Libre y del expresidente Pedro Castillo en los comicios generales del 2021.
De La Vega se negó y, por tanto, fue sacado de la SBN. Ante la vacante en la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, Sada Goray propuso a Marina Subiria Franco para que ocupe este cargo. A su vez, ella buscó los servicios de la abogada Flor Olivera Orellana.
La Fiscalía cree que ambas trabajaron unidas para ayudar a la dueña de la empresa Marka Group.
Jaqueline Perales Olano y Héctor Chávez Arenas también se encuentran incluidos en las indagaciones debido a los puestos que ejercieron en la SBN mientras Goray buscaba sus intereses.
Perales era gerente general de la SBN, mientras que Chávez se desempeñó como director de Gestión de Patrimonio Estatal de la citada institución.