Ministra de Cultura vuelve a defender la designación de la nueva presidenta ejecutiva del IRTP

Nombramiento de Ninoska Chandia es cuestionando por tratarse de la exjefa de imagen de la presidenta Boluarte

Leslie Urteaga señala que nombramiento de nueva jefa del IRTP responde a un "tema de confianza".

La presencia de Ninoska Chandia en la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) sigue generando controversia. En su intento por defender la decisión del Ejecutivo, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ha señalado que la designación de la exdirectora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del despacho de la presidenta Dina Boluarte responde a “un tema de confianza”.

La cercanía de Ninoska Chandia con la jefa de Estado es vista por muchos como un riesgo a la independencia que deberían tener los medios de comunicación estatales del gobierno de turno. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se ha intentado negar que este sería el caso, incluso luego de que se revelara que los hombres y mujeres de prensa de Tv Perú ya no son enviados a las actividades en Palacio de Gobierno.

Por su parte, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ha indicado que Chandia cuenta con un comité directivo “que seguramente está revisando y va a seguir con la línea de independencia que tiene el canal siete”, indicó para señala que TV Perú no es el canal del gobierno y recalcar que el nombramiento de la nueva jefa del IRTP “es un tema de confianza porque los requisitos están cumplidos”.

Ninoska Chandia, nueva presidenta ejecutiva del IRTP, ha sido jefa de prensa de Dina Boluarte.

Para el antecesor de Chandia, Jesús Solari Díaz, la nueva cabeza del IRTP proviene del núcleo del poder. Este recalcó que su salida del cargo respondió a una falta de entendimiento sobre los lineamientos de la institución con sus superiores, siendo estos la propia ministra de Cultura, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Solari denunció que desde el inicio del nuevo periodo constitucional del gobierno, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú viene atravesando un periodo de inestabilidad al haber contado con seis presidentes ejecutivos en tan poco tiempo. El exjefe de la institución encargada de los medios de comunicación financiados por el Estado espera que la actual gestión siga teniendo a la ciudadanía como su principal enfoque.

Iniciativa presentada

A finales de octubre del 2022, la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley “que asegura la independencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y de los medios de comunicación públicos a su cargo”. A la fecha, dicha iniciativa se encuentra en manos de la Comisión de Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado y de Cultura y Patrimonio Cultural.

Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) son elegidos por el Poder Ejecutivo.

Con el fin de los directivos de la institución no sean elegidos por el Ejecutivo, el texto presentado señala que el presidente del IRTP y los cuatro miembros del Consejo Directivo son “seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de cinco años bajo criterios de paridad”. Además, se indica que la reelección inmediata se encuentra prohibida. Este deberá ser elegido seis meses antes del término del mandato.

La iniciativa señala que, además de ser peruano de nacimiento mayor de 45 años, los miembros del Consejo Directivo deberán “contar con amplia experiencia en el ejercicio de la labor periodística, gestión y difusión cultural, educación y/o en actividades vinculadas a la finalidad y objetivos del IRTP no menor de diez años”. Asimismo se requiere haber cursado estudios superiores en comunicaciones ni se exige que esto integren el Colegio de Periodistas.

“No haber sido sancionado en la administración pública o en ejercicio de la actividad privada como consecuencia de la comisión de falta grave o muy grave, o por infracción al régimen de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno o por haber contravenido los principios éticos o valores en el ejercicio de una profesión”, es otro de los requisitos que se aplicarían si el proyecto de ley es aprobado por el Congreso de la República.