“Esos fallecidos son del señor Castillo”, dijo el premier Otárola sobre los 60 muertos en las protestas contra el gobierno

Alberto Otárola se encuentra en Europa participando de una serie de reuniones con miembros de la clase política española. Desde la residencia del embajador de Perú en España, el presidente del Consejo de Ministros habló sobre la llegada de Dina Boluarte al poder y las decenas de muertos registrados durante los enfrentamientos de la ciudadanía contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Esos fallecidos son del señor Castillo: él ha propiciado esa violencia desde prisión”, dijo a El País de España al referirse al origen de las manifestaciones. Si bien reconoció la legitimidad de las protestas contra el Estado, señaló que entre los que salieron de las calles se encontraba un “grupo pequeño, organizado y violento” que trató de amenazar al Estado de Derecho.

Sobre el informe de Amnistía Internacional que denunció presuntas violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales durante el desarrollo de las manifestaciones, el premier indicó que la entidad mencionada no debería dar ese tipo de conclusiones, sino un juez. Desde el Ejecutivo esperará a que el Poder Judicial se pronuncie sobre los presuntos delitos cometidos “que es lo que nos toca hacer como demócratas”.

Otárola recalcó el hecho de que la presidenta Dina Boluarte no se haya negado a declarar ante las autoridades e indicó que “no se ha acogido a su derecho al silencio para que empecemos a saber la verdad”. Sin embargo, ante las preguntas de los familiares de las víctimas de las protestas, la mandataria optó por no ofrecer respuesta alguna. El hecho fue calificado como una contradicción entre ambos funcionarios.

A inicios de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el que cuestionó el accionar del gobierno de Dina Boluarte frente a las protestas ciudadanas en su contra. Si bien la entidad reconoció que existieron grupos violentistas, también recalcó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) habrían violado sus reglamentos sobre el manejo de protestas.

La entidad concluyó, “en términos generales, [que] la respuesta [del Estado] no fue uniforme en todo el territorio y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”, que entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023, el Gobierno se caracterizó “por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”. Por su parte, Dina Boluarte dijo que se trata de conclusiones “en términos condicionales”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló en su informe “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales” que 56 personas murieron y otras 912 quedaron heridas durante las manifestaciones que iniciaron para pedir una nueva Constitución, así como la salida de los congresistas y de Dina Boluarte como presidenta. Además, se pedía la liberación de Pedro Castillo.

Durante el periodo descrito, 2 bebés fallecieron porque no pudieron ser atendidos en centros de salud, ya que las carreteras se encontraban bloqueadas debido a las manifestaciones. Entre los fallecidos, también se reportaron 8 adolescentes y un policía que, según datos recibidos por la CIDH, apareció quemado. De las 912 personas heridas, el informe señala que 580 era miembros de las fuerzas del orden.

Desde el Congreso de la República se trató de minimizar las conclusiones presentadas calificándolas de sesgadas. Amnistía Internacional presentó conclusiones similares y señaló que se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales en diversas ciudades del país. El componente racista habría sido uno de los motivadores de la violencia perpetuada por las fuerzas del orden, según el texto publicado.