En la investigación que la Fiscalía tiene sobre la red de corrupción que la empresaria Sada Goray habría gestado dentro del programa Fondo Mi Vivienda, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no solo la tiene como protagonista a él, al periodista Mauricio Fernandini y Salatiel Marrufo.
Según el diario El Comercio, las indagaciones también apunta a cuatro exfuncionarios de Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). En concreto, nos referimos a Cyntia Rudas Murga, Marina Subiria Franco, Jaqueline Perales Olano y Héctor Chávez Arenas.
La tesis fiscal es que Rudas está incluida en el caso porque cuando era la superintendente de la SBN buscó coaccionar a Williams de la Vega Willanes, de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, para que saque una resolución a favor de Goray, quien buscaba revertir una resolución que no le había permitido registrar un predio en el distrito de Chilca que no le pertenecía.
En esa época, la extitular de la SBN le dijo a De La Vega debía reconsiderar la solicitud planteada por la empresaria porque ella había aportado a la campaña electoral de Perú Libre y del expresidente Pedro Castillo en los comicios generales del 2021.
De La Vega se negó y, por tanto, fue sacado de la SBN. Ante la vacante en la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la institución, Sada Goray propuso a Marina Subiria Franco para que ocupe este cargo. A su vez, ella buscó los servicios de la abogada Flor Olivera Orellana.
La Fiscalía cree que ambas trabajaron unidas para ayudar a la dueña de la empresa Marka Group.
Jaqueline Perales Olano y Héctor Chávez Arenas también se encuentran incluidos en las indagaciones debido a los puestos que ejercieron en la SBN mientras Goray buscaba sus intereses.
Perales era gerente general de la SBN, mientras que Chávez se desempeñó como director de Gestión de Patrimonio Estatal de la citada institución.
Terreno
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales informó a inicios de este año que Sada Goray tendrá que devolver el terreno de 90 hectáreas que había logrado inscribir tras darle un soborno de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo.
Goray mencionó que Marrufo le solicitó tal cantidad de dinero a cambio de que sea ayudada por la SNB. Parte de la coima, además, le habría sido entregada al expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado y el caso Puente Tarata-Petroperú, quien habría tenido conocimiento de este acto de corrupción en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la SBN indicó que, el pasado 23 de diciembre, solicitaron la cancelación administrativa. “(...) dispuso la cancelación administrativa de los asientos de rectificación de área e independización en las Partidas Registrales 49059060 y 15062426 del Registro de Predios de Lima, vinculadas al mencionado terreno del Estado”, se lee en la misiva.
Indicaron que continuarán con los trámites de saneamiento físico legal y las acciones ante el Poder Judicial; como también las acciones penales de las autoridades responsables de este hecho.
En este sentido, detallaron que se ha recuperado “a nivel registral” el terreno, el cual se encuentra sustentado en la Resolución Suprema N° 701-72-VI-DB y la Resolución N° 058-2005/SBN-GO-JAR. La última fue ratificada en sentencia judicial.
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