El Ministerio Público decidió archivar una investigación que se le seguía contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por presuntamente haber presentado información falsa en su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de los comicios generales del 2021.
Según el diario Perú 21, el fiscal penal, Juan Herrera Farje, estaba a cargo del caso y tomó la disposición de acabar con las indagaciones contra Boluarte Zegarra. Entre los argumentos que esgrimió es que la jefa de Estado no cometió ninguna falta debido a que el requisito de dimitir a sus funciones pública no aplicaría a la hora de intentar postular a algún cargo del Poder Ejecutivo.
“El impedimento legal, previsto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Elecciones, está dirigido a los candidatos que postulen al cargo público de congresista de la República; y no a aquellos candidatos que postulen al cargo público de primera Vicepresidencia de la República”, fue el sustento que el representante de la Fiscalía lanzó en una resolución citada por el mencionado medio de comunicación.
Hay que mencionar que el expediente se le abrió a la presidenta tras la difusión de un reportaje en el programa Beto a Saber de Willax de Televisión, donde se indicó que Boluarte Zegarra recibió su salario como jefa de la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el distrito de Surco a pesar de que había solicitado licencia para abocarse a la campaña electoral junto al entonces socio político, el expresidente Pedro Castillo.
Por esta revelación, el JNE decidió excluir a Boluarte Zegarra de la lista de candidatos al Congreso de la República que el partido Perú Libre, de Vladimir Cerrón, había presentado. Con ello, la abogada se quedó solo como aspirante a la vicepresidencia de la República.
Investigada
La presidenta Boluarte asistió ayer a la citación de la Fiscalía de la Nación para que responda por los más de 60 muertes ocurridas durante las protestas sociales que se dieron contra su gestión entre diciembre del 2022 y enero de este año.
Lejos de aclarar su participación, la mandataria optó por no responder a las preguntas de los abogados de las víctimas y de la Procuraduría General del Estado, apelando a una supuesta falta de objetividad en la investigación fiscal.
Según el portal Epicentro, Boluarte Zegarra solo se limitó a responder las 22 preguntas planteadas por Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, y su adjunto Marco Huamán, quienes están a cargo de las indagaciones.
“Las preguntas realizadas por el Ministerio Público fueron muy generales, no hubo repreguntas, evadió algunas de las preguntas. […] hubo algunas hechas para conocer algún tipo de facultades o acciones que se pudo haber tomado y simplemente evadió con algún tipo de discurso que no venían al caso”, manifestó la letrada Gloria Cano, defensa legal de los deudos de los fallecidos en las marchas contra el régimen de Boluarte, a RPP.
Aseguró que la Fiscalía no hizo hincapié para que Boluarte responda. La abogada indicó que todas las interrogantes eran “muy generales y adecuadas”. Mientras que, las que iba a realizar la otra parte prefirió “guardar silencio”.
“Ella en la anterior diligencia habría señalado que estaba allana a responder a la Procuraduría y representación de las víctimas, si es que el juez lo dijera, el juez lo ha dicho y no cumplió con lo señalado”, mencionó.
Pedirá su exclusión
Joseph Campos, abogado de la presidenta Boluarte, anunció que solicitará la exclusión de su patrocinada de la investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves debido a que no hay sustento jurídico y que los muertos habrían sido parte de un golpe de Estado contra su defendida.