La presidenta Dina Boluarte anunció este miércoles que emitirá un recuento de su medio año de gestión desde el fallido autogolpe de Pedro Castillo, quien —según su óptica— orquestó “un zarpazo planificado” en diciembre pasado.
“Este viernes presentaremos el balance de estos seis meses. Será una oportunidad para mostrar las medidas, las acciones, las inversiones sociales y los logros de nuestro Gobierno y también los retos que tenemos por delante”, dijo Boluarte durante la ceremonia por el 143.º Aniversario de la Batalla de Arica y la Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera.
La mandataria, cuya administración está cercada por acusaciones de genocidio, la vorágine del dengue y la amenaza de El Niño Costero, encabezó un acto militar celebrado en el distrito limeño de Pueblo Libre, en el que pidió “decir no a la violencia, no a los extremismos y no a la demagogia”.
“Hoy la única bandera [que debemos tener] es la de la salud, de la educación, de la inclusión social, de la democracia, del patriotismo. Hace unos meses, nuestra democracia recibió una embestida y fue atacada por un golpe de Estado, cuyos móviles se van conociendo cada vez más”, señaló.
“Ahora se sabe que esa impronta autoritaria no fue un acto individual, sino que fue un zarpazo planificado en el que habrían participado diversos actores”, continuó en referencia al hallazgo del decreto que certificaba la disolución inconstitucional del Congreso y la convocatoria a elecciones.
Esta prueba, recientemente difundida por Contracorriente, fue ubicada por los fiscales Jesús Camacho Laura y Marco Carvajal Valencia cuando allanaron Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge.
“Las peruanas y peruanos esperan que la justicia haga su trabajo, que investigue a fondo todos los pormenores, que sanciones como corresponde a los responsables y que siente un precedente en el país”, instó Boluarte un día después de declarar por las muertes en protestas donde, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hubo ejecuciones extrajudiciales y una masacre.
La jefa de Estado respondió durante tres horas en la sede principal de la Fiscalía de la Nación, a donde ingresó y luego abandonó sin ofrecer ningún pronunciamiento, salvo unas declaraciones de su abogado, Joseph Campos.
En la víspera, el exministro Alejandro Salas, quien despachó en las carteras de Trabajo y Cultura, sugirió al expresidente acogerse a la confesión sincera. “Está bien que la verdad vaya saliendo [...] lo mejor sería decir por qué leyó ese discurso y quiénes lo ayudaron a materializarlo, porque no solo traicionó a una población expectante, sino también a quienes lo ayudamos en democracia”, dijo en una entrevista con Exitosa.
Consideró que el decreto encontrado en Palacio, junto con nueve chips prepago del operador Movistar, “marca un inicio” para “llegar a la absoluta verdad de quiénes lo indujeron o ayudaron” a orquestar la artimaña. Salas también explicó que no puede visitar al exmandatario, a quien defendía de manera tenaz, porque es un testigo de la investigación por rebelión y conspiración.
En marzo pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratificó 36 meses de prisión preventiva impuestos a Castillo por presunta corrupción, que se suman a los otros 18 meses a raíz de su fracasada maniobra del 7 de diciembre.
Destituido y llevado ese día al penal Barbadillo, el exmandatario deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos. Su caída profundizó la crisis política del país con protestas que dejaron al menos medio centenar de decesos, incluidos un policía y seis soldados.
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