Dina Boluarte ante la Fiscalía: ¿Habrá pruebas suficientes para continuar con la investigación?

La presidenta de la República está implicada en una investigación del Ministerio Público por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves luego de que se registraran 49 muertes en las movilizaciones sociales en su contra. Dina Boluarte ha asegurado en más de una ocasión que ella no brindó ninguna orden para que los agentes del Estado tengan una respuesta violenta contra la población y su abogado ha afirmado que no existen las pruebas suficientes para continuar con el proceso legal. ¿Es esto posible?

Este martes, la jefa de Estado acudió a la Fiscalía de la Nación para brindar sus declaraciones en el marco de la investigación preliminar que enfrenta. En la diligencia participó Patricia Benavides, titular del Ministerio Público; su defensa legal, Joseph Campos; representantes de la Procuraduría General del Estado (PGE) y los abogados de las víctimas. Sin embargo, ante estos dos últimos la mandataria decidió no responder.

Para Campos, la mandataria no está involucrada en el uso excesivo de la fuerza que emplearon los agentes del Estado durante las protestas de diciembre y enero. Por ello, comunicó que solicitarán el cierre de este proceso fiscal en contra de Boluarte. “Vamos a pedir es la exclusión de la investigación porque no existe posibilidad alguna de establecerse esas dos imputaciones. Podemos ser emocionalmente empáticos con la situación, pero no es posible atribuirle esos delitos a la presidenta. Jurídicamente no tiene sentido esta investigación”, declaró a Canal N.

Para el abogado penalista Andy Carrión, siempre existe la posibilidad de que una investigación pueda ser archivada. Actualmente, la presidenta está enfrentando este proceso por el presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. De estas tres imputaciones, hay una gran probabilidad de que pueda ser archivada por la complejidad de la acusación. No obstante, esto no implica que no tenga que enfrentar a la justicia por los otros dos supuestos delitos.

“El delito de genocidio es muy difícil de probar. Yo creo que está incorrectamente tipificado e incorrectamente atribuido a la presidenta, pero no necesariamente el delito de homicidio calificado o asesinato y lesiones graves. Por este motivo podría ser fácilmente archivado, porque no se le está imputando a la presidenta que ella haya mandado a matar directamente a estas personas”, explicó a Infobae.

De acuerdo al letrado, las indagaciones están enfocadas en la falta de intervención de la jefa de Estado en la respuesta de las fuerzas del orden, puesto que, según mandato constitucional, ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

“Ella tenía la posibilidad de evitar más muertes después de la primera que se registró. ¿Qué órdenes tenían las fuerzas policiales para evitar estos fallecimientos? Si en su declaración ella es displicente al decir que no tuvo la oportunidad de control, que se enteró de las muertes por televisión, que no estuvo al tanto, esto quiere decir que hubo cierta displicencia en el accionar de los militares y policías, y se confirmaría una omisión dolosa. Ese es el problema”, resaltó.

La jefa de Estado ha ofrecido distintas versiones para justificar su no intervención en la respuesta violenta de los agentes policiales y militares. Dentro de estas, mediante su abogado ha comunicado que no tenía conocimiento de estas muertes, que no tiene comando en las fuerzas del orden y que no estaba informada de lo que significa el desarrollo de un plan policial. Para el penalista consultado por Infobae, esto no constituye un argumento válido.

“Ella señaló que no hizo nada, que no estaba enterada, pero ella es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y es garante de velar porque las actuaciones de las Fuerzas Armadas se den dentro de la legalidad, por eso es jefa suprema. Decir que es jefa suprema pero no tiene comando es un sinsentido, es una contradicción de sus propios términos. Otra cosa es que ella omisivamente no haya querido hacerlo, eso es distinto. Pero el poder, la autoridad y el respaldo jurídico para hacerlo, lo tenía”, dijo Carrión.

“Me parece un tipo de afrenta este tipo afirmaciones en contra de las víctimas porque sí podía hacerlo [detenerlo]. Esto confirmaría la omisión dolosa porque a ella no se le imputa haber dado órdenes expresas de matar a estas personas. Su abogado ha afirmado que ella no tiene conocimientos policiales, pero eso no importa. Ella es la jefa suprema de las fuerzas armadas tenía el poder para haberlo evitado, la cuestión es si lo evitó o no”, agregó.

A inicios de enero el Ministerio Público decidió abrir esta investigación contra la jefa de Estado. “La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, detalló el comunicado.

La primera citación de la presidenta fue el 30 de enero, pero la mandataria no acudió. Tuvieron que pasar algunos meses para que Boluarte Zegarra ofrezca sus descargos. De igual manera, en el resto de provincias se ha denunciado que la recaudación de pruebas es lenta y aún siquiera se termina de citar a todas las víctimas y deudos. Andy Carrión informó que, debido a la gravedad de estos hechos y la cantidad de personas e instituciones involucradas, esta investigación podría tardar hasta dos años.

“Faltan declaraciones de los deudos, faltan declaraciones de los mismos militares que no han ido a prestar esta diligencia a la fiscalía, faltan muchas actuaciones que yo diría que podrían abarcar un plazo de dos años de investigación hasta que se pronuncie finalmente la entidad”, señaló.

De acuerdo a un informe del diario El Comercio, Dina Boluarte solo respondió a las preguntas de los representantes del Ministerio Público y no ante la defensa legal de las víctimas ni ante la Procuraduría del Estado. Una duda que ha surgido con esta situación, luego de que se comunicara el próximo pedido para archivar la investigación, es si el silencio de la presidenta podría impactar en la recopilación de pruebas para que estas indagaciones sigan su rumbo.

Al respecto, el doctor en Derecho Penal aclaró que la presidenta de la República tiene el derecho de guardar silencio ante los interrogantes planteadas por los abogados de las víctimas, pues aunque sus declaraciones tengan validez, su descargo cuenta como parte de su derecho a la defensa y no como un medio probatorio.