Ante la creciente ola de criminalidad en el país, donde se vienen expandiendo rápidamente bandas como la Tren de Aragua y otras, la bancada de Renovación Popular impulsa un proyecto de ley para modificar el Decreto Legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Con esta iniciativa, cuya autoría es del congresista Jorge Montoya, se quiere permitir que el personal del orden pueda abatir a todo criminal que, además de ser sorprendido en delito flagrante, posea arma de fuego u otro elemento de “evidente peligrosidad”.
Infobae Perú accedió al documento del proyecto legislativo y observó que la propuesta pretender hacer exactamente una modificación en el artículo 8 de la denominada Ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.
“Cuando en un delito flagrante se utilicen armas de fuego u otros elementos de evidente peligrosidad, que pongan en grave riesgo la vida de las personas o de los miembros de la Policía Nacional del Perú, el o los delincuentes podrán ser abatidos en el lugar de los hechos, debiéndose considerarse esta acción como un acto de legítima defensa y presunción de legalidad”, plantea el proyecto.
Además, se menciona que excepcionalmente la policía también podrá usar el arma de fuego en las siguientes situaciones:
-En defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.
-Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave.
-Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida.
-Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando
-Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta.
El proyecto de ley también propone que el entrenamiento, información y capacitación al personal policial estén a cargo del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía Nacional.
“Estos periodos de entrenamiento deberán privilegiar las prácticas de acciones operativas simuladas, que comprendan entrenamiento para afrontar situaciones de ataques violentos, mecanismos o tácticas para reducir a los delincuentes, aseguramiento de los detenidos y protección de víctimas del delito en escenarios peligrosos, para un mejor desempeño en la lucha contra la delincuencia”, precisa.
Montoya sostiene que, en los últimos años, la sociedad peruana se ha visto rebasada por el fenómeno de la delincuencia común, que se ha agravado con el recurrente uso de armas de fuego y la “intervención” de delincuentes extranjeros.
“Es necesario afinar el ordenamiento jurídico, de manera tal, que esté preparada para responder a las necesidades actuales de la emergencia criminal que afecta a nuestra sociedad”, sustenta.
De aprobarse el proyecto de ley, la Policía Nacional – remarca Montoya – contará con un marco jurídico apropiado para enfrentar a los delincuentes que utilizan armas de fuego para intimidar y, en algunos casos, asesinar a sus víctimas.
“Esta nueva situación permitirá a la Policía Nacional del Perú, contar con un marco jurídico apropiado para enfrentar a la criminalidad violenta, que comete delitos todos los días utilizando armas de fuego, intimidando y quitando la vida a pacíficos ciudadanos que tienen el infortunio de ser víctimas de este tipo de delincuencia”, agrega.