Juan Silva cumple un año prófugo: por qué es tan difícil hallar al exministro MTC y pieza clave en el caso de corrupción del gobierno de Pedro Castillo

Juan Silva Villegas integró el Gabinete Ministerial de Pedro Castillo desde el 29 de julio del 2021 hasta el 28 de febrero del 2022. Siete meses estuvo al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) hasta su renuncia en medio del debate del Pleno del Congreso para su censura. Era sindicado como integrante de una presunta red de corrupción liderada por el expresidente Pedro Castillo.

El extitular del MTC es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de colusión y organización criminal, entre ellos las irregularidades en la licitación del Puente Tarata. El 7 de junio del 2022 el Poder Judicial ordenó su detención preliminar e impedimento de salida del país, pero hasta la fecha, un año después, el exfuncionario permanece en la clandestinidad.

Este escándalo político trajo consigo una serie de polémicas y cuestionamientos, pues un equipo de la Policía Nacional tenía la labor de vigilarlo las 24 horas del día a pedido de la Fiscalía. El entonces ministro del Interior, Dimitri Senmache justificó que la videovigilancia no implicaba un seguimiento.

Como un exalto funcionario del gobierno de Castillo Terrones, Juan Silva tenía asignado resguardo policial a cargo de la Dirección de Seguridad del Estado. Un día antes que se ordenara su detención, el 6 de junio solicitó a la entidad policial el desistimiento de este servicio.

Días después de desaparecer el ojo público, el Ministerio del Interior (Mininter) lo incluyó en la lista de los más buscados del Programa de Recompensas ofreciendo S/ 50 mil por detalles de su paradero para su ubicación y captura. Esta medida tampoco ha surtido efecto para encontrarlo.

Tras varios meses en la clandestinidad, hace unas semanas Juan Silva reapareció en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales. El prófugo de la justicia negó las acusaciones en su contra y rechazó tajantemente formar parte de una organización criminal liderada por Pedro Castillo.

“No estoy inmerso en su equipo de trabajo de Palacio de Gobierno. Mi designación como ministro obedece al artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y no obedece a ningún favor político. Repito, no obedece a ningún favor político”, indicó.

Como parte de su estrategia de defensa, el exministro reiteró que, cuando tuvo conocimiento de las irregularidades en la licitación del Puente Tarata, informó a la Contraloría General de la República con el objetivo de solicitar la cancelación de todo el proceso en curso. “[Sobre] el delito de colusión [del cual se me acusa], en aplicación al artículo 407 sobre la omisión o no omisión de información relevante, en este caso de la licitación, mi despacho de inmediato ponen conocimiento a la Contraloría General de la República [...] y brida la facilidades del caso a la Fiscal de la Nación para poder hacer la investigación correspondiente”, dijo.

En tanto, Juan Silva continúa con el pedido de prisión preventiva, luego que la Corte Suprema decidiera declarar inadmisible el recurso de casación presentada por su defensa legal. El recurso buscaba anular los 36 meses de prisión preventiva solicitados en su contra.

En entrevista con el diario El Comercio, su representante legal Jorge Castro Castro sostuvo que el exministro se pondrá a disposición de la justicia en cuanto se anule la orden de prisión en su contra y se le otorgue las garantías para hablar, como dictar solo comparecencia con restricciones.