Congresistas proponen la reconstrucción de “El frontón” para recluir a delincuentes de alta peligrosidad

El Congreso de la República tiene en sus manos una iniciativa legislativa que pide poner en marcha la reconstrucción del establecimiento penitenciario de “El frontón” ubicado frente a la costa de la provincia constitucional del Callao. Dicho lugar serviría para encarcelar a condenado o procesados por delitos graves y delincuentes de alta peligrosidad, según el texto presentado el pasado 2 de junio.

Los congresistas María del Carmen Alva, Wilson Soto, Luis Ángel Aragón, Hilda Portero, Silvia Monteza, Pedro Martínez e Ilich López respalda el proyecto de ley cuya única disposición es encargar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario a realizar las acciones necesarias para que la construcción e implementación de infraestructura sea una realidad.

Es decir, el Congreso de la República no cuenta con mayor potestad que la de instar a las instituciones del Ejecutivo a atender su pedido. Los miembros de la representación nacional no pueden iniciar proyectos de tal magnitud dado que sus únicas funciones son las de representar, legislar y fiscalizar. Está en manos del gobierno de turno decidir si tomarán en cuenta o no lo requerido por los representantes de Acción Popular.

“La aprobación del proyecto de ley no representa mayor gasto o costos al Estado; por cuanto, se trata de una proposición declarativa”, señalan los congresistas para luego indicar que, de concretarse la propuesta, “a población en general y las víctimas en particular serían los beneficiados al contar con mayor seguridad al saber que los delincuentes peligrosos se encuentran realmente aislados”.

Entre los motivos por los cuales fue presentado el proyecto de ley se encuentra el déficit de infraestructura de centros penitenciarios en el Perú, sobre todo para aquellas “personas que se encuentran inmersos en procesos penales ante el Poder Judicial” y aquellos a quienes se les impone prisión preventiva. También se menciona la “deficiente cantidad de recursos humanos que laboran en condiciones inadecuadas para administrar los penales”.

“El hacinamiento ocasiona también frecuentes fallas en los mecanismos de control y vigilancia penitenciaria, lo que se refleja en la existencia de armas y celulares al interior de las carceles”, se lee en el texto que luego señala otros problemas como problemas psicológicos y emocionales en los internos, afectaciones a la salud física como tuberculosis, hepatitis o VIH/Sida, además de desarrollar enfermedades mentales.

La cárcel ubicada en la misma del mismo nombre abrió sus puertas en 1917, pero a finales de los 80 un caso violación de derechos humanos provocó su cierre. El centro donde se encontraban reunidos los criminales más peligrosos del Perú fue sede de un motín en junio de 1986 durante el primero gobierno del expresidente Alan García. Guardias y periodistas fueron secuestrados en aquella ocasión.

Luego de que las negociaciones para su liberación fracasaran, el gobierno, a través de su viceministro del Interior, Agustín Mantilla, anunciaron que se usaría la fuerza en caso los amotinados no se rindieran. A pesar de los intentos por retomar el diálogo, se procedió con la intervención por órdenes del presidente de la República, según el informe de la CVR.

El citado documento señala que “la Marina utilizó no solo el armamento tradicional, sino, además, se utilizaron bazucas, morteros, dinamitas y explosivos de alto poder como el C-3, con los que lograron demoler el llamado pabellón Azul”. Testigos señalan que tras su rendición, algunos internos fueron asesinados con disparos y bayonetas mientras que otros fueron torturados para luego ser ejecutados. La cifra total es de 118 reclusos muertos.