El Poder Judicial admitió a trámite este sábado la apelación presentada por el equipo especial de Lava Jato del Ministerio Público contra la resolución que declaró “nulo todo lo actuado” hasta el momento en la investigación preparatoria que enfrenta el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por el caso Westfield Capital, vinculado además a la Transportadora de Gas del Perú.
La acción favorecía al octogenario político, quien responde en libertad condicional tras estar tres años bajo arresto domiciliario, e implicaba que la Fiscalía rehiciera la pesquisa y emprendiera una nueva pericia financiera contable. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aprobó que PPK mantenga la acusación, aunque rechazó admitir la apelación que requiere la suspensión de los efectos de la decisión apelada, según El Comercio.
En la acusación también figura el empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, para quien la Fiscalía pidió también 35 años de prisión. Kuczynski es acusado de coludirse con Odebrecht, a través de sus empresas de asesoría financiera, para apoyar sus proyectos de obras a cambio de supuestos sobornos. En caso de ser condenado, podría cumplir una parte de la sentencia en su vivienda por superar los 70 años.
Según la tesis fiscal, el dinero recibido por Westfield sirvió para la compra de una casa del expresidente en el distrito campestre de Cieneguilla. Sin embargo, Kuczynski ha denunciado una “persecución” desde la Fiscalía y remarcó que las acusaciones son “completamente falsas”, pues los 12 millones de dólares que el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez le atribuyó haber recibido entre 2001 y 2015 corresponden a trabajos de asesoría realizados “años después de haber sido ministro”.
El magistrado solicitó una condena de 35 años de cárcel por lavado de activos con agravante de organización criminal por estos ilícitos cometidos, presuntamente, cuando fue ministro de Economía y primer ministro en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
El grupo organizado por Kuczynski, primer mandatario en ejercicio de la región en renunciar por el escándalo de Odebrecht, habría recibido estos millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, IIRSA y Rutas de Lima, entre otras operaciones.
Julio Midolo, defensa del exmandatario, pidió al juzgado que anule el término de la investigación fiscal hasta que se culminen con las diligencias que ellos consideran pendientes, como dar una respuesta a la pericia presentada por el Ministerio Público en su acusación.
Para el letrado, la Fiscalía “trasgredió sus deberes de proceder con imparcialidad” y el fiscal debe dar plazo de ley para poder contestar y observar los peritajes que ordene.
Kuczynski ha señalado que el Ministerio Público puede investigar “todo lo que quiera”, pero que “no tiene derecho a eliminar, a aniquilar gente, eso ya lo hizo con (el expresidente) Alan García, a quien acusó de dar una conferencia que posiblemente fue financiada por Odebrecht, y lo llevaron a su muerte, eso hicieron”.
El exbanquero de Wall Street dimitió al cargo presidencial luego de que la constructora brasileña revelara que contrató a dos consultoras vinculadas a él (Westfield Capital y Firts Capital) para que la asesoren en operaciones financieras, un dato que omitió divulgar cuando llegó al poder.
“A mí esos señores [fiscales] me están condenando a muerte, cuando tengo casi 85, [con el pedido de condena de 35 años] eso llega a 120 años”, comentó en una entrevista concedida a RPP.
Su abogado descartó que el expresidente Alejandro Toledo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva luego de ser extraditado en abril desde Estados Unidos por otro caso ligado a Odebrecht, haya incriminado a su cliente tras declarar por este caso, en calidad de testigo, desde el penal de Barbadillo.