Reunirse con amigos, hacer ejercicios, practicar cualquier deporte y realizar otras actividades en los espacios públicos con más de 12 personas podría tener un costo monetario en el distrito de Miraflores. De esta manera, se limitaría el uso de las zonas colectivas para el ciudadano.
En los últimos días de mayo, el alcalde de este distrito, Carlos Canales, informó algunas restricciones de ciertos espacios en la jurisdicción. Sin embargo, cuáles son los riesgos de preparar una norma con estas características y por qué la decisión de la autoridad edil se puede calificar como “absurda”.
Infobae Perú dialogó con Luis Rodríguez Rivero, investigador del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad PUCP (CIAC). Para el experto es importante que existan estos espacios libres que tienen como finalidad que las personas puedan dialogar e intercambiar ideas; desde donde la sociedad se va formando.
“Hoy en día en el Perú el espacio público está siendo confiscado de alguna manera, porque justamente la democracia nos está haciendo confiscada. Entonces, coincide esta actitud de querer evitar que se use el espacio público”, explica.
El también exgerente de Desarrollo Urbano de este distrito afirmó que esta nueva medida “coincide” con la declaratoria de zona restringida para que se realicen movilizaciones en febrero de este año. Esto luego que se convoque una marcha en el parque Kennedy a finales de 2022 e inicios de 2023. Ante ello, refiere que es importante entender la relación que existe entre “la democracia y espacio público”.
¿Cobrar por el espacio público?
La autoridad edil manifestó que los instructores que harán uso del espacio público tendrán que pagar S/165 de manera anual. De la misma manera, las personas que se reúnan para un picnic lo deberán efectuar. Sin embargo, no se hace hincapié en el monto, sino que se pretende exigir un cobro para utilizar las zonas de libre acceso.
Rodríguez Rivero califica como “absurdo” la norma que se está preparando en el municipio, solo lo podrían hacer los comerciantes cuando participan en ferias que se realizan, principalmente, en los parques o centro con gran afluencia. El alcalde aseguró que se reunió con los instructores y no se han opuesto a esta medida.
“Es absurdo. No se puede pagar el espacio público de ninguna manera. No hay ninguna razón para que haya pago. Pueden pagar los comerciantes que están haciendo un uso rentable del espacio público, pero no las personas que están haciendo actividades”, sostuvo.
El exdirector de Proyectos Urbano Integrales de la Municipalidad de Lima precisa que se vive un aumento de “autoritarismo” dentro de un periodo democrático. En este sentido, indica que existe un “problema” cuando hay autoritarismo, debido a que ocasiona que “el otro se convierte en una suerte de enemigo”.
“El espacio público se convierte en ese espacio en donde ese que pretenden el poder quiere eliminar a ese otro. [Busca] invisibilizarlo o que desaparezca. Eso es lo que está sucediendo ahora, obviamente cuando te quieren cobrar, cuando te expulsan. Los policías finalmente son solo un instrumento que el poder político, en este caso la Municipalidad de Miraflores, está utilizando”, aseguró.
Actos discriminatorios
El investigador manifiesta que las limitaciones que se pretende formalizar se dan en un escenario de una sociedad “fragmentada” por los “perjuicios de clases y carácter étnico”. Episodios que en los últimos meses se han denunciado contra los serenos y fiscalizadores de esta comuna.
Precisamente, son las autoridades que deben tener la capacidad de establecer reglas, pero a beneficio de la población sin afectarla. No obstante, las expresiones tanto del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y de Canales han continuado en contra de ciertos sectores.
“Hay una campaña de desprestigio: ‘que somos malos, discriminatorios, que no queremos que la gente vaya a los parques’”, refirió la autoridad edil de Miraflores hace algunos días. Además, indicó que solo han decidido “reordenar los espacios”.
Desde que Canales era candidato sus declaraciones fueron criticadas al referirse que las personas que viven en las zonas humildes de la capital tendrían que ser “educados” para que ingresen a los parques del municipio. “Lo que tenemos que hacer es educarlos, que respeten, que no traigan basura, que no hagan la pila en la calle y eso también implica poner servicios a favor de todas esas personas”, manifestó.
“Hoy en día la polarización es tan fuerte que hay grupos, especialmente extremos, en este caso de derecha, que llegan al poder para empezar a legitimar todas las cosas que se han estado criticando durante los últimos 50 años. Hay un giro autoritario y conservador”, sostiene.
Lima, una ciudad sostenible
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una ciudad sostenible debe contar como mínimo con nueve metros cuadrados de espacio verde por habitante. En el 2022 se publicó un estudio de las grandes urbes de la consultora neerlandesa Arcadis, donde Lima se ubica en el puesto 81 del mundo.
En Latinoamérica, está como la cuarta ciudad sostenible, donde Bogotá, Ciudad de México y Santiago de Chile lideran este ranking. Sin embargo, el arquitecto manifiesta que se podría mejorar, pero es necesario una mejor planificación”.
“Es preocupante. Y lo que es tal vez más preocupante es que tenemos un sistema de planificación muy débil, porque esas cosas muchas veces se resuelven con los planes”, agregó.
A su vez, precisa que los nueve metros son referenciales, porque dependerá de la conformación de cada ciudad. Por ello, la solución sería que se incluya en los planes metropolitanos y urbanos para recuperar el espacio público que se han privatizado durante los últimos años.
Es así como refiere que no necesariamente el Sistema Nacional de Inversión Pública “considera prioritario” a los proyectos para la inversión, sino que tiene su propia estructura que son impulsados por “agentes privados”. Asimismo, existe poca continuidad de gestión ante el ingreso de nuevas autoridades.
“El Estado en lugar de empujar la continuidad de la gestión y la de los gobiernos, de alguna manera promueve que cada vez que entra una nueva gestión, cambien las prioridades y los proyectos y los planes urbanos se convierten en letra muerta”, manifiesta.
Propuestas que pueden estar bien argumentadas y que se ha trabajado con la población, pero en muchas ocasiones son dejadas de lado y se implanta una “cultura de la no planificación” por un beneficio propio.
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