El expresidente Alejandro Toledo solicitó atención médica al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ser evaluado por especialistas en cardiología, urología y gastroenterología, confirmó el viernes el vicepresidente de la autoridad penitenciaria, Marlon Florentini.
En diálogo con Canal N, el funcionario precisó que el exmandatario no requirió asistencia para tratar la enfermedad oncológica que declaró un día antes de entregarse a las autoridades estadounidenses para su extradición.
“Estamos gestionando las atenciones médicas. No [tenemos la solicitud para neoplasia]”, dijo Florentini, pese a que, semanas atrás, el abogado de Toledo calificó a su patrocinado como “una persona convaleciente del cáncer”.
“Tiene varias enfermedades acreditadas, con unos tratamientos que vienen de muchos años. Tiene todo un historial clínico en los médicos de California que lo atienden. Obviamente, se aprecia que no es un Alejandro Toledo de hace 20 años. Es una persona que tiene resquebrajada su salud”, señaló Roberto Su, su abogado.
El exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, junto con Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022), para cumplir una prisión preventiva de 18 meses a raíz del proceso que enfrenta por lavado de activos.
En abril pasado fue extraditado por el caso Odebrecht, en el que se le atribuye la recepción de un soborno de 35 millones de dólares de la constructora brasileña para ser beneficiada en la ejecución de varios tramos de la carretera Interoceánica sur durante su gobierno.
El INPE estuvo a cargo de su traslado por helicóptero desde el cuartel policial de Los Cibeles, en el Rímac, hasta la prisión donde ahora pasa sus días, en Ate. Posteriormente, Toledo fue dispuesto a la autoridad penitenciaria tras asistir a una audiencia de control de identidad en las instalaciones de la Corte Superior Nacional.
“Mi salud es muy mala. Tomo 14 pastillas diarias, tengo hipertensión y sufro por los remanentes del cáncer. Solo respeten eso, no han probado nada y ya me quieren meter en la cárcel”, reveló en una entrevista concedida a la agencia EFE horas antes de entregarse a las autoridades estadounidenses para ser extraditado.
Pedro Toledo, uno de los nueve hermanos del exjefe de Estado, insistió en el mal estado de salud de su familiar y reclamó un proceso justo. “Esta es una venganza política, una persecución”, demandó en las afueras del aeropuerto Jorge Chávez, donde acudieron también algunos simpatizantes de Perú Posible.
El político fue detenido en 2019 en California, donde residió durante los últimos años, y estuvo ocho meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel al serle concedida la libertad bajo fianza por la pandemia.
En concreto, ha sido investigado por lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la vía que conecta Brasil y Perú.
La exprimera dama, Eliane Karp, quien tiene un orden de detención preventiva por el caso Ecoteva, abandonó Estados Unidos a mediados de mayo y voló a Israel, pese a que en 2013 se abrió el proceso fiscal a raíz de la millonaria compra de inmuebles a nombre de su madre, Eva Fernerburg.
Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región en el marco del escándalo Lava Jato, por el que decenas de políticos y empresarios de América Latina están encarcelados. Se trata de un caso matriz que descubrió la corrupción del gigante brasileño en la región.
Perú fue uno de los países más afectados por este escándalo, que salpicó a casi todos los presidentes del siglo XXI. Otros cuatro exgobernantes enfrentan procesos judiciales: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).
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