El constitucionalista Aníbal Quiroga, consejero legal de la presidenta Dina Boluarte y defensa de la fiscal Patricia Benavides, registra 12 llamadas telefónicas y 62 mensajes de texto con Orlando Velásquez, expresidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y uno de los implicados en ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, una mafia formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero.
Los hilos telefónicos, citados este viernes en un informe de El Foco, obran en una de las carpetas fiscales sobre este escándalo que estalló durante el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra y que generó una serie de medidas para reformar la judicatura y desarticular a la red que tenía tomada las salas judiciales de Lima y Callao.
Quiroga, anunciado días atrás en el grupo de diez juristas que brindarán asesoría a la jefa de Estado, admitió conocer a Velásquez, acusado por la Fiscalía de recibir dinero para favorecer el ascenso y nombramiento de fiscales en el puerto, aunque negó participación en ilícitos.
“Serían llamadas de hace seis años. No vi nada profesional con el Sr. Velásquez. Sí, lo he conocido, [pero] no le veo hace varios años. Deben haber sido consultas académicas o algo similar. Ninguna relación profesional o amical”, refirió el letrado al portal informativo.
Las comunicaciones, según el documento, ocurrieron entre enero y junio del 2017, pero el detalle sobre los 62 mensajes revela un asunto mayor: fueron remitidos entre el 24 de enero de ese año, entre 10:00 horas y 13:00 horas, justo cuando se realizaba la evaluación para elegir la nómina de postulantes aptos para postular a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, Quiroga remarcó: “No tuve nada que ver en eso ni fui consultado sobre ello”.
El despacho de Benavides, titular del Ministerio Público, informó a El Foco que “no tiene conocimiento” del registro. La propia magistrada mantuvo, entre mayo y junio de 2018, siete llamadas con el empresario Antonio Camayo, también incluido en la red delincuencial. Sin embargo, la postura de Benavides ha sido hermética, pese a la evidencia de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Diviac).
En abril pasado, Quiroga deslizó en una entrevista con Willax TV que estas llamadas fueron falseadas. “Claramente, es una prueba sembrada porque su celular no corresponde al nombre que está ahí. Alguien le ha dado a la Diviac un número para hacerla parecer en supuestas conversaciones con Camayo, eso nunca ha ocurrido. Es una prueba sembrada”, dijo.
Inés Tello, expresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y titular de tres investigaciones preliminares contra la fiscal de la Nación, prevé concluir sus pesquisas el próximo septiembre y emitir un informe al pleno del organismo, que tomará un veredicto después de una última revisión.
La exjueza de la Corte Superior de Justicia de Lima precisó que tiene a cargo los procesos sobre las presuntas irregularidades en los cambios del equipo especial Cuellos Blancos orquestados por Benavides; las siete llamadas que registra la fiscal con Camayo; y la condecoración que recibió del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por lavado de activos.
Los antecedentes en el cambio del equipo Cuellos Blancos datan de julio de 2022, inmediatamente después de que Benavides asumiera el cargo máximo del Ministerio Público. Entonces, removió a la fiscal suprema Bersabeth Revilla bajo el supuesto argumento de su baja productividad. Revilla había investigado a la jueza superior Emma Benavides, su hermana, por el presunto cobro de sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
Posteriormente, la fiscal ultimó una parte del equipo que investigaba el caso, y abrió paso al cese del fiscal Frank Almanza, quien por siete años estuvo integrado a la investigación por lavado de dinero contra la familia Sánchez Paredes, cuya fortuna ilegal permitió crear un imperio minero que exportó toneladas de oro a Estados Unidos, Europa y Asia, según Fiscalía y la Procuraduría Antidrogas.
Benavides, también cuestionada por sus tesis no habidas, ha señalado que la apertura de esa pesquisa fue una decisión “ilegal y arbitraria” de la JNJ, un “acto de amedrentamiento y obstrucción” y la “consumación de los ataques” iniciados en su contra desde que tomó la decisión “de investigar al poder político” del país.