La ministra Rosa Gutiérrez ha sido citada por la Comisión de Salud del Congreso para responder sobre su crítica gestión ante el avance del dengue en Piura, la región más golpeada por la enfermedad a nivel nacional, con más de 35.000 casos, 735 hospitalizados y cerca de 60 fallecidos.
Gutiérrez, quien enfrenta un pedido de dimisión, comparecerá el próximo martes a las 11:00 horas junto con gobernadores regionales de Tumbes, Cajamarca, Ica, Lambayeque y Loreto ―otras regiones amenazadas por la epidemia―, así como representantes de Contraloría, epidemiólogos y voceros de la cartera de Economía.
El grupo parlamentario, presidido por la legisladora Edhit Julón (Alianza Para el Progreso), consideró de vital importancia que la ministra exponga indicadores y acciones concretas ante los 98.760 casos de dengue registrados en lo que va de 2023, un número superior a los 38.877 reportados en todo el año pasado.
En la víspera, el congresista José Jerí (Somos Perú) pidió que Gutiérrez fuera citada de manera urgente al considerar que no había cumplido su propuesta de “resolver [la crisis] en un plazo no mayor de 15 días”. La última vez que se presentó ante esta Comisión fue a inicios de mayo.
La funcionaria enfrenta una cadena de cuestionamientos, mientras Piura suma hospitales colapsados ―con pacientes atendidos en carpas—, defunciones a diario ―entre las que se registran víctimas menores― y una ola de rechazo al Ejecutivo. Durante una reciente visita a la región norteña, Gutiérrez fue increpada por periodistas y posteriormente abandonó la rueda de prensa.
A través de un comunicado, la Cámara de Comercio y Producción de Piura demandó “dejar de lado la confrontación con el gobierno regional y local en beneficio de una población que exige un trabajo conjunto entre sus autoridades, y medidas efectivas y eficientes que contribuyan con la prevención y control vectorial”.
“Piura necesita atención urgente, por lo que el Gobierno central debe responder de manera célere y efectiva para velar por la vida y la salud de la población, derechos garantizados por la Constitución”, señaló el gremio antes de ratificar que la situación es peor que la de 2017, considerado hasta ahora el año más devastador de la enfermedad.
El congresista Edward Málaga, quien llamó a la ministra a elevar su renuncia inmediata y firmó una moción de interpelación que impulsan distintas bancadas, cuestionó la convocatoria de un comité integrado por especialistas implicados en el escándalo Vacunagate y en la pésima gestión de la COVID-19.
Gutiérrez ha sido objetada, incluso, por la viceministra de Salud Pública, Karim Pardo, quien consideró que es “imposible” asegurar que la cifra de casos está cayendo en Piura. Pardo anunció esta semana que se aplicarán sanciones a las farmacias que vendan medicamentos sin receta para combatir el dengue, entre ellos la ivermectina. “Solo [hay] manejo clínico que se debe realizar en los establecimientos de salud. Se denunciará porque esto es un crimen”, señaló.
La Defensoría, por su parte, exigió “un liderazgo más sostenido” para ampliar la oferta médica en el Hospital de Campaña La Videnita (Piura) brindar atención “en condiciones adecuadas y evitar más decesos”.
Asimismo, invocó a “fortalecer la atención con mayor número personal sanitario en los hospitales de Sullana y Santa Rosa, donde existe un hacimiento de pacientes”.
El aumento global de temperaturas, la falta de acceso a los servicios de agua y las lluvias e inundaciones agudizadas por el fenómeno de El Niño costero han conformado una tormenta perfecta para dar rienda suelta al mal en el país, que vive el peor brote de esta enfermedad de su historia más reciente.
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