Renovación Popular presentó este jueves un proyecto de ley para que el Estado peruano denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos a la que se encuentra adscrita desde el 28 de julio de 1978.
El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada celeste, es el autor de la polémica iniciativa que ha entrado a la mesa de partes del Legislativo. En su escrito sostiene que su propuesta tiene como fin “salvaguardar la soberanía e independencia” del país en concordancia con el artículo 43 de la Constitución Política.
Tras la aprobación respectiva en dos legislaturas en el Parlamento, la presidenta de la República, Dina Boluarte, debe remitir en un plazo de 30 días la denuncia contra la Convención Americana de Derechos Humanos. En caso no lo haga, agrega, entonces el Ejecutivo tendrá que entregar un informe que detalle que las razones a su negativa.
Entre los argumentos del proyecto se menciona que la afiliación del Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “se realizó de manera incondicional, lo que significa que solo es posible desvincularse” denunciando la Convención Americana de Derechos Humanos.
“El paso de una fase a otra implica irreversibilidad. Por consiguiente, para acabar con la injerencia perniciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la corte, es necesaria la denuncia total”, agrega el documento.
En otra parte de los puntos de la iniciativa se lee que la propuesta para que el Perú se salga del sistema interamericano es “un hecho incontrastable la madurez institucional y democrática”. Y para ello se cita lo ocurrido con el autogolpe fallido del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre del año pasado.
“EI Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero, supranacional, que no está sujeto a ningún tipo de controles funcionales y de calidad, sin posibilidades impugnatorias y de contradicción. Este tratado internacional y sus órganos derivados han devenido en un moderno colonialismo jurídico, sobre los países latinoamericanos, con efectos invasivos en el sistema de justicia y que afectan el derecho a la libre determinación de los pueblos”, menciona.
Adicionalmente, el congresista Montoya enfatiza que “eI sistema interamericano de Derechos Humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico”.
“Su defensa de los derechos fundamentales se ha desvirtuado y como órgano supranacional, ha sido capturado ideológicamente por ideas marxistas, habiéndose politizado profundamente, lo que ha desvirtuado su esencia de jurisdicción”, finaliza.
El vocero de Renovación Popular organizó un foro ayer en el Parlamento. Entre sus invitados estuvieron el exprimer ministro Ántero Flores Aráoz, investigado por las muertes de Inti y Bryan por las protestas contra Manuel Merino en noviembre del 2020; el excanciller Miguel Rodríguez Mackay; el decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán Naveda; entre otros.
Ya había planteado propuesta
Hay que recordar que varios congresistas de Renovación Popular ya le habían comentado la posibilidad de que el Perú se salga de la Corte IDH al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro. Sin embargo, el Gobierno de Dina Boluarte descartó tal posibilidad.
La propuesta de la agrupación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, llega tras las contundentes conclusiones que sendos informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señalaron que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de militares y policías que dejaron más de cincuenta muertos en las manifestaciones en Lima y las regiones del sur del país.
Acciones como “ejecuciones extrajudiciales” y “masacres” presuntamente ejecutadas por las fuerzas del orden aparecen en los documentos elaborados por las citadas organizaciones. La Fiscalía de la Nación investiga los decesos, pero no a la celeridad que los deudos de las víctimas exigen.