La exprimera dama Nadine Heredia, investigada por supuesta participación en la concesión del Gasoducto del Sur a un consorcio liderado por Odebrecht en 2014, quedó impedida de salir este jueves a Colombia, donde iba a practicarse un examen médico en una clínica de Medellín.
El juez Jorge Chávez, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, rechazó la solicitud para ausentarse del país hasta el domingo 4 de junio, pues, según la resolución, su historia clínica no fue contrastada por especialistas del Ministerio de Salud.
El magistrado precisó que el documento médico no visibiliza “afectación al derecho a la salud” de Heredia, quien no había informado sobre su requerimiento al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que sigue el juicio oral que enfrenta junto con su esposo, el expresidente Ollanta Humala (2011-2016).
Sobre la política, a la fecha, recae una serie de reglas de conducta, como no ausentarse del lugar donde reside ni cambiar de domicilio sin previo aviso a la autoridad judicial y fiscal. Su defensa ha anunciado que apelará la decisión judicial.
En enero de 2020, el juez Chávez había accedido al pedido del Ministerio Público y dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Heredia por su supuesta participación en la concesión del Gasoducto, adjudicado por más de 7.000 millones de dólares en junio de 2014, en una licitación controversial que decantó una pesquisa por presunta colusión y negociación incompatible.
Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, detalló en un interrogatorio las “reuniones” que mantuvo con la exprimera dama para la licitación del proyecto durante el Gobierno de su esposo. “Se ha dado mucha información respecto al caso Gasoducto del Sur y estamos a la expectativa de seguir progresando en esa investigación tan importante”, declaró entonces el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela.
Barata aseguró que Heredia gestionó y coordinó diversas reuniones para favorecer a la constructora brasileña en la adjudicación de las obras. Meses atrás, Odebrecht había reconocido “pagos ilícitos” para la recibir la conseción en un acta firmada en la que determinó su culpabilidad.
Se trata de un caso paralelo a la investigación que centra al matrimonio por delitos relacionados con el lavado de activos, por los cuales hay un pedido fiscal de 20 años de cárcel para Humala, y 26 años y medio para Heredia.
Según la Fiscalía, ambos habrían recibido y ocultado dinero irregular para financiar dos campañas electorales: en 2006, el dinero vino presuntamente del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez; y en 2011 recibieron supuestamente tres millones de dólares de Odebrecht por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil, liderado por Lula Da Silva.
El juicio oral arrancó en febrero del año pasado y es el primero que enfrenta un exmandatario peruano por el escándalo Lava Jato, extendido a una docena de países latinoamericanos.
Heredia ya ha cumplido nueve meses de prisión preventiva entre 2017 y 2018. Una vez en libertad, ella y su esposo enfrentaron el embargo de su vivienda y, con ello, la incautación de sus muebles como medida preventiva para asegurar el cobro de una indemnización a favor del Estado en caso de que fueran condenados.
Como Humala, son investigados los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), extraditado de Estados Unidos; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). La fiscalía también cercó con sus pesquisas al expresidente Alan García (2006-2011), pero, cuando se disponía a detenerlo en su casa de Lima en 2019, el exmandatario se suicidó de un disparo en la cabeza.
Odebrecht ha reconocido la entrega de sobornos a altos funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes obras públicas y admitió, de igual modo, que financió las campañas de numerosos excandidatos, como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
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