Inés Tello, expresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y titular de tres investigaciones preliminares contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, prevé concluir sus pesquisas el próximo septiembre y emitir un informe al pleno del organismo, que tomará un veredicto después de una última revisión.
“La prolijidad que pongo en mis investigaciones es garantía tanto del administrado como de la administración. Investigar tanto pruebas de cargo como de descargo porque hay que llevar a una resolución razonada. Considero que por lo menos serán unos dos meses o tres meses para que termine lo que a mí me corresponde”, dijo la magistrada en una entrevista difundida este jueves por IDL-R.
Tello precisó que tiene a cargo los procesos sobre las presuntas irregularidades en los cambios del equipo especial Cuellos Blancos, que sigue una red de corrupción en la Judicatura; las siete llamadas que registra Benavides con Antonio Camayo, empresario incluido en la red delincuencial; y la condecoración que recibió del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por lavado de activos.
En tanto, el expediente sobre la obtención de grados académicos de la segunda mujer más influyente del país, cuyas tesis están no habidas, se encuentra en manos de Aldo Vázquez, vicepresidente de la JNJ, a quien la legisladora Susel Paredes solicitó un pronunciamiento oficial sobre su avance.
“El informe [que estoy elaborando] contiene todo lo investigado y una propuesta al pleno [de la JNJ]”, refirió la exjueza de la Corte Superior de Justicia de Lima antes de mencionar que sus resultados serán vistos por un ponente designado de manera “aleatoria”, quien determinará “si acoge la propuesta que se formula o plantea otra propuesta”.
“Generalmente, eso dura entre 15 y 20 días útiles. Luego de recibir la ponencia, cada miembro la estudia y luego se va a un debate; y en ese debate se vota si se acoge la ponencia o no”, abundó.
IDL-R consultó si por lo menos dos las investigaciones pueden tener resultados que decanten en la inhabilitación de la titular del Ministerio Público, a lo que Tello replicó: “De acuerdo a la gravedad de la falta que se establezca, hay sanciones desde suspensión hasta destitución, multas. Hay una graduación de sanciones”.
En abril pasado, el constitucionalista Aníbal Quiroga, abogado de Benavides, deslizó que las comunicaciones con Camayo habían sido falseadas. “Claramente, es una prueba sembrada porque su celular no corresponde al nombre que está ahí. Alguien le ha dado a la Diviac un número para hacerla parecer en supuestas conversaciones con Camayo, eso nunca ha ocurrido. Es una prueba sembrada”, dijo en diálogo con Willax TV.
Los hilos telefónicos, entre el 25 de mayo y el 28 de junio de 2018, se encuentran en un informe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Diviac). Dos llamadas fueron realizadas por Camayo y cinco salieron del dispositivo de Benavides, de acuerdo con ese expediente.
Los antecedentes en el cambio del equipo Cuellos Blancos datan de julio de 2022, inmediatamente después de que Benavides asumiera el cargo máximo del Ministerio Público. Entonces, removió a la fiscal suprema Bersabeth Revilla bajo el supuesto argumento de su baja productividad.
Revilla había investigado a la jueza superior Emma Benavides, su hermana, por el presunto cobro de sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
Posteriormente, la fiscal de la Nación ultimó una parte del equipo que investigaba el caso Cuellos Blancos, y abrió paso al cese del fiscal Frank Almanza, quien por siete años estuvo integrado a la investigación por lavado de dinero contra la familia Sánchez Paredes, cuya fortuna ilegal permitió crear un imperio minero que exportó toneladas de oro a Estados Unidos, Europa y Asia, según Fiscalía y la Procuraduría Antidrogas.
La fiscal de la Nación ha señalado que la apertura de esa pesquisa fue una decisión “ilegal y arbitraria” de la JNJ, un “acto de amedrentamiento y obstrucción” y la “consumación de los ataques” iniciados en su contra desde que tomó la decisión “de investigar al poder político” del país.
Su defensa legal mantiene el mismo discurso. “Cuando se quiere buscar la sinrazón, cualquier cosa da lugar a eso. Claramente, un fiscal de la Nación tiene una función directriz [...] y tomará decisiones discrecionales dentro de los límites legales que le permiten”, señaló Quiroga.