“El mes del orgullo hace parecer que todo está bien”: la lucha de la comunidad LGBT por tener justicia para los crímenes de odio

Junio es el mes del orgullo. La comunidad LGBT y su diversidad salen a relucir por las calles de Lima. Sin embargo, detrás de estas coloridas movilizaciones aguarda una ardua lucha: el acceso a la justicia para las víctimas de crímenes de odio en Perú.

Han transcurrido 34 años de la matanza de gays y transexuales en la discoteca Las Gardenias, en la ciudad de Tarapoto. Se trató de una supuesta “limpieza social” organizada por el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), hecho que está registrado en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Para André Mere, director del colectivo Maricas Perú, esto evidenció la grave situación de vulnerabilidad de las personas de la comunidad.

“Me pregunto si la situación de desprotección y violencia en la que nos encontrábamos hace más de tres décadas ha cambiado hasta la actualidad. Se podría mencionar que hay avances porque más personas, ahora llamadas ‘LGTBI’, se aceptan como son y ‘salen del closet’. También existe más presencia social o mediática, y el ‘rainbow washing’. Parece que durante el mes del orgullo hace parecer ante la sociedad que todo está bien, pero, en realidad nos encontramos con una realidad en la que a diario asesinan personas LGBT por su orientación sexual o identidad de género”, explicó a Infobae.

Pese a ello, en la legislación peruana aún no existe el término ‘crímenes de odio’. El informe “Características criminológicas de las muertes dolosas de personas LGBT” del Ministerio Público muestra que estos asesinatos no son registrados como crímenes de odio. De acuerdo a Mere, esto “deja de lado las pruebas de ensañamiento, discriminación y prejuicios que se tiene hacia las víctimas, en su mayoría maricas y trans”.

“Muchas de estas denuncias se archivan sin buscar culpables o se registran como hechos de delincuencia común quedando impunes, creando así un subregistro que no recoge la real dimensión de los crímenes de odio y violencia hacia nuestras comunidades”, dijo.

El rechazo hacia la comunidad LGBT es notorio de parte de algunos funcionarios del gobierno. Para ello, cabe recordar las lamentables declaraciones de Josue Gutierrez, defensor del Pueblo, sobre el origen de las personas que integran estos colectivos. El actual titular afirmó que los homosexuales son “deformidades” que deben corregirse.

“Estas declaraciones solo sirven para reforzar los prejuicios y discursos de odio. Él es representante de una institución que debería velar porque no se vulneren nuestros derechos, pero menciona frases como esas en contra nuestra y nos asocia al prejuicio de criminales y violadores. Estas declaraciones no contribuyen a la inclusión en una sociedad que nos violenta”, expresó André Mere.

El comunicador informó que es necesario erradicar las conductas discriminatorias, pues ya existen altos niveles de violencia contra la comunidad. El activista informó que el 83% de personas de la comunidad indica haber sufrido violencia psicológica, física o sexual, y el 75% indicó haber vivido alguna situación de discriminación por su orientación sexual o identidad de género que traen como consecuencia altos índices de ansiedad, depresión u otras afectaciones emocionales como el suicidio, según el estudio ‘Salud mental en personas LGTBQ’.

De acuerdo a André Mere, uno de los factores a considerar para erradicar esta problemática es la memoria colectiva y traspaso de información “para que hechos como el de Las Gardenias y la violencia sistemática no se repita”.

“Yo creo que debemos unir esfuerzos y exigir, de todas las formas posibles, que de una vez el Estado reconozca y garantice nuestros derechos. Ya no podemos permitir que sigan pasando ‘congresistas LGBTI’ que no hacen propias las demandas urgentes que tenemos. El Estado debe pedir perdón y llevar a cabo acciones de reparación para las comunidades LGTB por la violencia y discriminación a la que aún son sometidas”, declaró.

Para el investigador de temas de la comunidad es importante proponer políticas públicas efectivas que les permita salir de la exclusión. “Se debe cumplir con las sentencias internacionales en materia de reconocimiento y protección de personas LGBT, como la última emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Crissthian Olivera versus Perú,en la que se responsabiliza al Estado por no actuar adecuadamente frente a este caso de discriminación”, indicó.

Por su parte, consideró que la sentencia de Crissthian Olivera marca un precedente para las comunidades LGBT peruanas y establece medidas que suponen un avance en igualdad y no discriminación, pero se debe continuar uniendo esfuerzos para seguir vigilantes y presionar al Estado para que implemente estas acciones y no queden en el olvido.

“La sociedad debe comprometerse a mirar más allá de las diferencias y prejuicios para promover respeto. Debemos hacerlo por nosotras y por las nuevas generaciones que queremos que crezcan en este país. Nadie debería ser violentada o asesinada por ser diversa. En el escenario social y político convulsionado que nos encontramos esto suena incierto y, muy posiblemente, el cambio no llegue tan rápido como necesitamos. Sin embargo, no debemos parar hasta que tengamos un país libre de prejuicios y violencia”, puntualizó.