Defensor del Pueblo registra 26 llamadas con investigados en el caso ‘Gabinete en la sombra’

Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, afronta un nuevo cuestionamiento. Ahora se ha conocido que mantuvo comunicaciones con personajes investigados por el presunto delito de organización criminal en el caso ‘Gabinete en la sombra’ que también salpica al expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el fallido autogolpe y el caso Puente Tarata-Petroperú.

Según el diario El Comercio, Gutiérrez registra 26 llamadas con Biberto Castillo, Auner Vásquez y Rodolfo Ramírez Apolinario entre julio y diciembre del 2021. Ellos formaron parte del equipo paralelo que tenía Castillo para tomar decisiones en su gobierno. La expremier Mirtha Vásquez fue la primera en salir a denunciar que habían estos asesores que eran más escuchados que los propios ministros.

El defensor del pueblo habló con Castillo en tan solo una oportunidad: el 28 de julio del 2021. En tanto, con Ramírez Apolinario, entonces asesor de la bancada de Perú Libre y de la Comisión de Economía, se dio en 23 ocasiones durante los meses de septiembre, octubre y diciembre del citado año.

Finalmente, Gutiérrez habló con Vásquez en dos ocasiones el 10 de octubre del 2021 cuando ya era asesor de la agrupación de Vladimir Cerrón en el Parlamento.

Por otro lado, el defensor del Pueblo también se comunicó en una sola ocasión con el congresista Américo Gonza en enero del 2022. El integrante de la bancada de Perú Libre viene siendo investigado por el Ministerio Público por el caso de los ascensos irregulares dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) que también forma parte de las indagaciones que hay sobre el expresidente Castillo.

Josué Gutiérrez formó parte de la Comisión de Justicia, cuya presidencia estuvo en manos del legislador Gonza, donde se elaboró la cuestionada “Ley mordaza” que significó aumentar las penas para los delitos de difamación y calumnia de tres a cinco años de prisión preventiva.

Gutiérrez aceptó a Perú 21 que participó en la Comisión de Justicia cuando discutieron la ‘Ley mordaza’. En un inicio señaló que lo hizo como “personal de apoyo externo” porque pertenece al Departamento de Comisiones del Parlamento desde julio del año pasado.

Sin embargo, en el video que el citado medio de comunicación accedió se puede escuchar que el actual aspirante a la Defensoría del Pueblo es presentado como el asesor principal del grupo de trabajo.

Ante tal evidencia, el excongresista humalista refirió que revisó el dictamen que eleve las penas para los delitos de difamación y calumnia de dos a cinco años. Recordó que hizo un comentario de que la iniciativa “era pernicioso” y recomendó que se quede en cuatro años porque si excedía de este tiempo, pues la prisión para aquel que hubiese cometido el delito iba a resultar efectiva.

“En los estándares de evaluación es poco probable que un juez pueda dar condena efectiva cuando la pena máxima del delito es de cuatro años. No obstante, al final, eso queda a criterio del juez”, anotó Gutiérrez.

De otro lado, el abogado de Cerrón mencionó que se encuentra a favor de la despenalización del delito de difamación, a pesar de que el partido que lo promueve, es decir, Perú Libre, a ser el nuevo defensor del Pueblo, tenga una postura totalmente contraria.

En entrevista con el diario La República, Gutiérrez Condor señaló que la representación nacional no ha “desmontado la reforma universitaria” pese a los cambios notables que se han dado para que, por ejemplo, universidades sin licencia institucional tenga una nueva oportunidad para seguir operando con el fin de ofrecer sus servicios a los jóvenes.

A juicio del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, la contrarreforma que se impulsó desde el Parlamento lo que hizo fue democratizar la designación de los directivos de la Sunedu. “El resto no se tocó nada: no se tocaron estándares mínimos, no se tocó el licenciamiento”, refirió.

Además, Gutiérrez manifestó que el Congreso tiene las prerrogativas para realizar los cambios que se requieren en la entidad, adscrita al Ministerio de Educación, que tiene la tarea de garantizar la calidad de la educación universitaria.