
Las protestas en contra del gobierno de turno no han terminado, al menos así lo han hecho saber representantes de la sociedad civil de Puno luego de una reunión en el teatro municipal de la plaza de San Bernardo. Estos confirmaron que mañana martes 30 de mayo desde la medianoche se podrá en marcha un paro para mostrar su rechazo contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República.
Félix Suasaca, presidente del Frente Unificado de las Cuencas de Puno, ha señalado que la medida de 24 horas se adoptará en 110 distritos y 13 provincias de la zona del altiplano. Este indica que se ha dispuesto el desarrollo de la protesta al no encontrar justicia para aquellos que fueron asesinados en Juliaca por las fuerzas del orden. Además, se sabe que otros ciudadanos fueron abatidos en la provincia de Carabaya.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta de la República y el cierre del Congreso. Entre los otros reclamos también se pide la convocatoria de una Asamblea Constituyente que escriba una nueva Constitución y se haga público el rechazo a la mineras transnacionales y se defienda el litio que se encuentra en Puno. Entre los reclamos no se ha mencionado la liberación del expresidente Pedro Castillo.

Los líderes sociales se volverán a reunir el próximo 17 de junio en la provincia de Chucuito para poder llegar a acuerdos sobre lo que será la Tercera Toma de Lima. Dicho evento que presuntamente movilizará a ciudadanos de todo el país sucederá el 18 de julio y se prolongaría hasta fiestas patrias. Suasaca ha denunciado una presunta persecución de las autoridades por ejercer su legítimo derecho a la protesta.
La manifestación en la capital ha despertado las alertas de algunas autoridades políticas, aunque no parece ser el caso del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien ha descartado que dicho evento vaya a suceder. “Puedo asegurar, una vez más con tranquilidad, que no va a haber una ‘Toma de Lima’ mientras la presidenta esté al mando del país”, indicó el titular de la PCM.
Este llegó a señalar que los peruanos han conseguido “paz y tranquilidad” sin mencionar que las protestas se paralizaron luego de que la Defensoría del Pueblo confirmara la muerte de 60 ciudadanos en medio de la crisis política. Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos en el desarrollo de las protestas del año pasado y este 2023.

Llamado a la no violencia
La Defensoría del Pueblo ha publicado un comunicado a partir de la reanudación de manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte. La entidad recordó que los ciudadanos tienen derechos a protestar en los asuntos que ellos consideren por lo que pide a las autoridades a respetar dicha prerrogativa, pero también instó a quienes salgan a las calles a hacerlo de manera pacífica sin causar daños a edificaciones públicas o privadas.
“En cuanto al papel de las fuerzas del orden, en caso de ser necesarios restablecer el orden público, lo deberán hacer garantizando la aplicación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. De acuerdo a la ley de uso de la fuerza y sus manuales operativos, su intervención debe ser gradual pudiendo hacer uso máximo de la fuerza solo en circunstancias excepcionales luego de haber agotado otras formas de control del orden”, se lee en la misiva publicada.
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