En el Congreso de la República se han presentado denuncias contra nueve congresistas por recortar el sueldo de sus trabajadores. Las acusaciones ya llegaron a la Comisión de Ética, sin embargo, éstas avanzan a paso lento y tomará meses para ser resueltas. Incluso, la legislatura concluye el 23 de junio y los grupos de trabajo entran en receso, perpetuando el abuso contra los empleados del Parlamento.
Este escenario se muestra propicio para los congresistas implicados Rosio Torres (APP), María Acuña (APP), Magaly Ruiz (APP), Katy Ugarte (no agrupada), María Cordero (Fuerza Popular), Luis Cordero (Fuerza Popular), José Arriola (Acción Popular), Marleny Portero (Acción Popular), Heidy Juárez (Podemos) y Edgar Tello (Bloque Magisterial).
La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes (Perú Libre), reconoció que su grupo de trabajo se tomará entre dos y tres meses para resolver estas acusaciones que, de prosperar, se impondría una suspensión de 120 días a cada parlamentario. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por Lady Camones (APP), en donde se vería posibles destituciones, se encuentra una situación similar.
El reglamento del Congreso establece que las investigaciones de la Comisión de Ética y de la SAC requieren tiempo debido a las etapas que implican. Por lo tanto, es imposible que alguna de las denuncias constitucionales presentadas contra los parlamentarios sea resuelta en esta legislatura, que termina el próximo 23 de junio.
El caso del congresista Tello
El caso más reciente del escándalo de los ‘mocha sueldo’ es el del congresista del Bloque Magisterial Edgar Tello, quien exigió a una de sus asesoras que comprara para su despacho un proyector con el bono extraordinario de casi 10 mil soles que recibió del Congreso.
La asesora, quien se encuentra en el octavo mes de embarazo, denunció al programa Panorama que fue víctima de hostigamiento por parte del parlamentario del Bloque Magisterial y que, debido a su negativa a obedecer, fue trasladada a otro cargo.
En su descargo, Tello emitió un comunicado en el que alega que su trabajadora está mintiendo y que se trataría de una venganza por haberla reasignado a otra función.
Por este hecho, el procurador general del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia contra el legislador ante la Fiscalía de la Nación. El órgano presentó la denuncia por el presunto delito de concusión.
La situación en APP
Del grupo de los congresistas ‘mocha sueldos’ hay tres que integran las filas de Alianza Para el Progreso (APP): Rosío Torres, María Acuña y Magaly Ruiz quienes, a pesar del escándalo, su partido ha preferido hacerse de la ‘vista gorda’. Recordemos que el pasado 123 de mayo, la bancada de APP se reunió con el primer ministro Alberto Otárola, y a ese encuentro asistieron como ‘abanderadas’ las tres apepistas denunciadas.
Incluso, María Acuña, de quien se sabe forma parte del círculo más influyente dentro de la bancada, es la voceada para presidir la Comisión de Presupuesto, a pesar de que tiene una denuncia por recorte de sueldo.
Una práctica ‘común’
El escándalo de los ‘mocha sueldos’ no es propio de este Congreso. A inicios del 2013, el entonces parlamentario Michael Urtecho (Solidaridad Nacional) fue denunciado por apropiarse del sueldo de los trabajadores de su despacho. Por este hecho, fue suspendido 120 días por la Comisión de Ética.
Al aparecer más pruebas en su contra, fue denunciado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y fue destituido del cargo de congresista el 20 de diciembre de 2013. Urtecho Medina aceptó su responsabilidad y pidió perdón, no sin antes lanzar una advertencia, al precisar que “no era el único” que actuaba bajo la modalidad que ahora es comúnmente conocida como la de ‘mocha sueldo’.