El defensor del Pueblo se encuentra rodeado de cinco funcionarios que lo apoyaran en el proceso de transferencia al cargo. Se trata de tres abogados, un ingeniero agrónomo y un técnico de sistemas que no son ajenos al Estado ya que han estado vinculados al gobierno de Pedro Castillo y al de la presidenta Dina Boluarte. El responsable del equipo, Piero Cuba García, fue parte de la gestión anterior, aunque su participación duró solo unos días.
A las pocas horas de ser designado en un puesto de confianza en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cuba García fue testigo del golpe de Estado que puso fin al gobierno de Pedro Castillo. El 13 de diciembre del 2022, el funcionario presentó su carta de renuncia al cargo que había logrado gracias a la entonces ministra y congresista Heidy Juárez.
Una publicación de La República da cuenta que Daniel Castillo Vigil, integrante del grupo de transferencia, ha sido señalado como una figura cercana a Alberto Mendieta, exjefe del gabinete técnico del expresidente Pedro Castillo. Una nota periodística señaló al nuevo funcionario de la Defensoría del Pueblo estaba vinculado a figuras procedentes del humalismo.
En diciembre del 2022, a poco de asumir la presidencia, el gobierno de Dina Boluarte designó a Juan Andrade Auris como jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios de la Oficina General de Administración del Ministerio de Energía y Minas. El 13 de febrero presentó su renuncia para luego convertirse en el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Oficina de Coordinación de Proyectos de la Gerencia General del Poder Judicial.
El citado medio contactó con el funcionario de la Defensoría del Pueblo para que brinde sus descargos sobre una denuncia en su contra. Este fue señalado de haber recibido “diezmos” de parte de una empresa de seguridad a la que habría favorecido con contrataciones. Por su parte, Andrade ha señalado que la Fiscalía no ha encontrado pruebas contundentes en su contado por lo que el caso “está prácticamente cerrado”.
Jhon Franklin Escobar Fernández fue director de Estudios del Proyecto Especial Alto Huallaga en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) desde mayo del año pasado hasta enero de este año, semanas después de que Dina Boluarte llegara al poder. Su designación fue realizada por Efrén Espinoza Tuanama durante el breve paso del congresista Óscar Zea por el ministerio.
Distancia no marcada
A pesar de que trató de desmarcarse del partido político que lo promovió para la Defensoría del Pueblo, el abogado Josué Gutiérrez señaló que mantiene buenas relaciones con Perú Libre, aunque no precisó si también es con Vladimir Cerrón, quien le deseó “suerte” en su nueva elección tras ser elegido por el Parlamento.
“Fui invitado por Perú Libre, claro. Tuve una labor técnica, puramente técnica. Tengo una buena relación amical con todos los congresistas. Eso me ha llevado a que nueve bancadas respalden mi candidatura”, apuntó en entrevista con Perú 21.
Hay que recordar que a Gutiérrez se le cuestionaba por desmarcarse de la agrupación del lápiz. Sin embargo, las pruebas saltaban a la vista.
El registro del propio Congreso visualiza que el defensor del pueblo tenía la condición de asesor nivel 9 y habría cobrado un sueldo aproximado de 10.000 soles de manera mensual.
Así, el exabogado de Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín sentenciado por corrupción, registró un ingreso de S/ 144.244 por trabajar al lado del partido del lápiz.