Medio millón de mujeres en Perú pidieron medidas de protección ante amenazas contra su vida de exparejas

En lo que va del año se han solicitado más de 96 mil medidas de protección. Sin embargo, las autoridades judiciales solo han otorgado este beneficio a 74 mil 441 mujeres denunciantes.

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Medio millón de mujeres en Perú pidieron medidas de protección ante amenazas contra su vida de exparejas
Medio millón de mujeres en Perú pidieron medidas de protección ante amenazas contra su vida de exparejas

En el Perú, uno de los grandes problemas que urge una atención multidisciplinaria inmediata es la violencia de género. Cada día se conocen más casos de mujeres abusadas sexualmente, maltratadas física y psicológicamente, así como asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Un porcentaje de las víctimas de violencia decide romper su silencio y denunciar a su agresor y se encuentra con autoridades que las revictimizan, que no creen en su palabra, que cuestionan sus decisiones de vida y finalmente archivan sus casos. En muchos casos, esto ha costado la vida de peruanas que ahora integran las alarmantes cifras de feminicidio de los últimos años.

Desde el 2016, el Poder Judicial ha otorgado un total de un millón 604 mil 570 medidas de protección a favor de mujeres que denunciaron violencia de género, según indicó la jueza suprema Elvia Barrios en La República. “Las medidas de protección son producto de un mandato judicial, y si el agresor lo incumple va a tener otro proceso penal porque está desobedeciendo una orden judicial”, explicó.

Además, indicó que desde setiembre del 2019, un total de 18 mil 964 salvador de ser víctimas de violaciones, agresiones físicas y feminicidio, gracias a la activación de alarmas del Botón de Pánico que se les otorgó por parte de la Corte Superior de Justicia. Destacó que este tipo de herramientas pueden llegar a salvarle la vida a la víctima y ante la violación reiterada de las restricciones el agresor puede ser enviado a prisión.

Al respecto, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino indicó que esperan que el Congreso apruebe la iniciativa del Ejecutivo para que las requisitorias por el delito de feminicidio y violación sexual no caduquen. “Lo que se busca es no a la impunidad de los feminicidas y los violadores sexuales”, indicó en diario Correo.

Cifras en el 2023

Entre enero y abril de este año se han solicitado 96 mil 721 medidas de protección. Sin embargo, las autoridades judiciales solo han decidido entregar este beneficio a 74 mil 441 mujeres denunciantes. “El 23% no recibió porque los fiscales o jueces concluyeron que no eran razonables” acotó.

Estas son los distritos fiscales en los que se solicitaron más medidas de protección:

Lima norte

Otorgadas: 7.421

No otorgadas: 1.668

Lima este

Otorgadas: 6.050

No otorgados: 2.967

Centros de Emergencia Mujer (CEM) están en la obligación de atender denuncias de violencia a nivel nacional. (Foto: Agencia Andina)
Centros de Emergencia Mujer (CEM) están en la obligación de atender denuncias de violencia a nivel nacional. (Foto: Agencia Andina)

Lima sur

Otorgadas: 5.711

No otorgadas: 1.784

Arequipa

Otorgadas: 6.153

No otorgadas: 879

Lima

Otorgadas: 3.253

No otorgadas: 2.604

Lambayeque

Otorgadas: 2.770

No otorgadas: 2.196

Cusco

Otorgadas: 4.002

No otorgadas: 576

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se ha registrado 67 casos de feminicidio, 60 tentativas de feminicidio y 24 muertes violentas de mujeres. Asimismo, lamentó que en los últimos meses se haya evidenciado un incremento en el número y crueldad de casos.

La Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha brindado casi 50 mil atenciones a nivel nacional. En el mes de marzo se recibió la mayor cantidad de llamadas.

Defensoría pide mayor protección a víctimas

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo se pronunció y expresó su preocupación por la falta de protección efectiva a las víctimas que denuncian a sus agresores, por lo que instó a las entidades correspondientes a tomar acciones urgentes y reforzar la implementación de las garantías de las denunciantes y prevenir la comisión de nuevos delitos de violencia de género.

“En coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público, se deben efectuar las investigaciones y las diligencias con la mayor prontitud posible, de cara a proteger a las víctimas atendiendo a su situación concreta, a través de medidas eficaces que garanticen su integridad y vida”, puntualizó.

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