El gobierno de Dina Boluarte decidió crear una comisión consultiva por temas constitucionales para enfrentar los diferentes ataques que recibe desde el extranjero por mandatarios como Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México), quienes cuestionan su legitimidad por haber asumido el poder tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.
En la lista de diez juristas se encuentra Ernesto Blume, quien antes tuvo una posición muy crítica con la presidenta. El 26 de mayo del año pasado, el extitular del Tribunal Constitucional fue entrevistado por Canal N para comentar sobre el hallazgo encontrado por la Contraloría General de la República que certificó que Boluarte Zegarra tenía un cargo en el Club Departamental Apurímac.
Por esa época, la actual mandataria lideraba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). En esa línea, se mencionó que Boluarte infringió el artículo 126 de la Constitución Política del Perú.
“Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, se lee en el dispositivo legal.
Ante las pruebas, Blume fue categórico en sus impresiones sobre el caso de Boluarte.
“Si uno revisa el extenso informe elaborado por la Contraloría General de la República, es claro que la doctora Boluarte ha incurrido en la infracción del artículo 126 al, específicamente, aparecer suscribiendo documentos e interviniendo en temas relacionados con el Club Departamental de Apurímac”, anotó.
“Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección y gestión de empresas ni asociaciones privadas (…). Desde mi particular punto de vista, es fundada la posición de la Contraloría General de la República”, agregó el expresidente del TC a Canal N.
No deja el cargo
Según el diario Perú 21, Boluarte Zegarra se mantiene como presidenta del Club Departamental Apurímac. De acuerdo a la partida N° 03001776 inscrita en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp), la mandataria seguirá en este puesto hasta el próximo 15 de febrero de 2024. Su mandato inició en 2019 y prolongó su gestión hasta el próximo año.
En paralelo, además, exdirectivos del Club Departamental Apurímac ganaron contratos por S/ 3,2 millones cuando Boluarte estaba al frente del Midis y era la vicepresidenta del país de acuerdo a lo reportado en una investigación por el diario El Comercio.
En concreto, la citada publicación apunta a dos nombres: William Zegarra Pantigoso y Timoteo Flores.
Welev Servicios Generales S.R.L, la empresa familiar de Zegarra, logró contratos por S/3′271.920 en total con diferentes entidades y programas del Estado como el Midis y los sectores de Cultura, Agricultura, Educación, de la Mujer, así como el Concytec. Lo hizo durante el 2022 cuando ejercía el cargo de vocal y prosecretario de Economía del consejo directivo liderado por Boluarte.
Unos datos adicionales de esta empresa, Welev Servicios Generales S.R.L, es que no contrataba con el Estado desde el 2017. Además, entre el 2011 y 2012, recibió una suspensión temporal porque presentó documentación falsa y adulterada para participar en las licitaciones del Estado.
Por su parte, Flores obtuvo una orden de servicio por S/24.000 mientras se desempeñaba como secretario provincial del club privado que tiene la mandataria. El Ministerio de Energía y Minas emitió un documento a su nombre autorizando que se le abonara por el concepto de “relacionamiento positivo con dirigentes de organizaciones sociales, campesinas y nativas”.
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