El gobierno de Dina Boluarte decidió crear una comisión consultiva por temas constitucionales para enfrentar los diferentes ataques que recibe desde el extranjero por mandatarios como Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México), quienes cuestionan su legitimidad por haber asumido el poder tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.
En la lista de diez juristas se encuentra Aníbal Quiroga, quien patrocina a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de las investigaciones que le abrió la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por los cambios que realizó en el equipo de fiscales del caso Cuellos Blancos del Puerto, la desaparición de sus tesis de maestría y doctorado, y por la polémica condecoración que recibió de la Municipalidad de Lima.
El 28 de abril, Quiroga señaló en el programa Beto a Saber de Willax que había 19 denuncias contra la titular del Ministerio Público, las cuales “pretenderían destituirla” de su alto cargo. “Las acusaciones tienen un elemento interesante porque ella, siendo una fiscal joven, es nacida en la JNJ. La misma JNJ, que ha nombrado magistrados y jueces importantes, y ha renovado de manera importante la Corte Superior, la elige a ella [a mediados de 2022]”, expresó.
“Sin embargo, ahora tiene un cúmulo de denuncias en donde pretenderían destituirla por cosas absurdas que, en el fondo, esconden una lucha ideológica y política”, consideró.
Para Quiroga, la misma “pugna ideológica” que se volcó contra Pedro Castillo, preso tras orquestar un autogolpe, ha surgido ahora contra la representante del Ministerio Público.
“La fiscal de la Nación no gusta a algunos, no están de acuerdo con ella, quisieran tener una persona más asequible y, como no la tienen, hay que [hacer todo por] tumbarla”, matizó.
En un pronunciamiento institucional, la fiscal Patricia Benavides condenó las diligencias de la JNJ y las describió como un “acto ilegal y arbitrario”. Luego, durante una actividad pública en Huaura, donde inauguró la Sala de Entrevista Única del distrito fiscal, hizo referencia a los cuestionamientos de manera escueta al sostener que se trata de “críticas sin sustento”.
“Toda mi vida personal y profesional ha sido y será con respeto a la ley, por eso soy fiscal. Seguiremos investigando y trabajando en beneficio de la ciudadanía, pese a quien le pese”, dijo.
Conflicto
Como es público, la titular del Ministerio Público investiga preliminarmente por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a Boluarte Zegarra por las más de cincuenta muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año.
El 6 de junio será el día en que Benavides recogerá las declaraciones de la mandataria, tras una serie de reprogramaciones que se han dado a lo largo de estos meses, en la sede de la Fiscalía que está ubicada en la avenida Abancay desde las 9:00 horas.
Si no hay contratiempos, Boluarte tendrá que aclarar por qué las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ejercieron una violenta represión que costó vidas humanas en Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac.
Según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en algunos casos hubo “ejecuciones extrajudiciales”.
Hace una semana, el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, ratificó que “hubo un uso excesivo de la fuerza que condujo a la muerte” a decenas de manifestantes.
Asimismo, instó a la Justicia a que las investigaciones sobre las muertes, en las que está implicada Boluarte, sean “transparentes, independientes y que incluyan a las víctimas para poder saber exactamente qué sucedió y bajo qué condiciones se dio ese exceso de fuerza”.
Remarcó la necesidad de implementar “reformas políticas en el país para asegurar la representación” de algunos grupos sociales que, dijo, “no se ven representados en el desarrollo político”.
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