¿Cuáles son las funciones de la comisión consultiva por temas constitucionales creada por el gobierno?

El viernes pasado se publicó en el diario oficial El Peruano el decreto supremo Nº 079-2023 que certifica la creación de una comisión consultiva por temas constitucionales que ayudará al gobierno de Dina Boluarte frente los diferentes ataques que recibe desde el extranjero por mandatarios como Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México), quienes cuestionan su legitimidad.

“Juristas de reconocida trayectoria profesional, académica, ética, prestigio e independencia, identificada con los principios y valores que inspiran nuestra Constitución histórica”, se menciona.

De acuerdo a la norma, el grupo de juristas —integrados por Óscar Urviola, Ernesto Álvarez, José Luis Sardón, Aníbal Quiroga, Carlos Hakansson, Joseph Campos, Ernesto Blume, Víctor García Toma, Jorge Luis Cáceres y Elizabeth Zea— tiene como función esencial “contribuir con el fortalecimiento y legitimidad del régimen democrático y el Estado constitucional de derecho en el país”.

La comisión coordinará sugerencias por un año con la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Además, puede recibir apoyo de las instituciones públicas o privadas, afines con su función, para que integren misiones internacionales cuando tengan que salir del país.

“Es honorario y de confianza y no inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada”, refieren sobre el grupo de juristas.

Días atrás, el primer ministro Alberto Otárola indicó que el grupo de juristas se ha creado para que pueda hacerle frente a los ataques y mentiras de otros líderes en América Latina.

“Estamos constituyendo una comisión de especialistas en Derecho internacional, seguro en los próximos días habrá algunos anuncios, tenemos que apelar a la unidad nacional. Si en algo tenemos que estar unidos los peruanos es en la política exterior”, señaló ante los periodistas.

La comisión de juristas se concreta tras las contundentes conclusiones que sendos informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señalaron que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de militares y policías que dejaron más de cincuenta muertos en las manifestaciones en Lima y las regiones del sur del país.

Acciones como “ejecuciones extrajudiciales” y “masacres” presuntamente ejecutadas por las fuerzas del orden aparecen en los documentos elaborados por las citadas organizaciones. La Fiscalía de la Nación investiga los decesos, pero no a la celeridad que los deudos de las víctimas exigen.

Recién el 7 de junio, la presidenta Boluarte declarará ante el Ministerio Público después de tres reprogramaciones. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Policía Nacional también lo harán hasta la quincena de junio.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, publicado hoy en el diario La República, el 81% de la población considera que el Ejecutivo sí vulnero los derechos fundamentales de las personas que exigieron la salida de Boluarte Zegarra del poder. En tanto, el 16% cree que no y el 3% no tiene una opinión formada al respecto.

Además, también se pregunta sobre si hubo un buen manejo por parte de la gestión de Boluarte sobre las protestas. El 71% sostiene que no, mientras que el 22% señala que sí lo hicieron correctamente. El 7% no opina ni sabe del asunto.

En tanto, la aprobación de la presidenta Boluarte sigue con la tendencia a la baja. De acuerdo al IEP, la mandataria mantiene el 79% de impopularidad. En el desglose de esta cifra se puede observar que despierta mayor rechazo en el norte (82%), el sur (87%) y el oriente (81%).

En tanto, la aceptación a la gestión de la jefa de Estado sigue en 15%. Solamente en Lima Metropolitana (19%) y el centro (21%) hay buena recepción a las acciones que despliega desde el Poder Ejecutivo.