‘La Resistencia’ irrumpe en exposición de Amnistía Internacional sobre muertes en protestas: CIDH condenó ataque

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, llegó a Lima para ofrecer una conferencia de prensa donde viene dando a conocer los hallazgos finales de la investigación sobre vulneraciones a los derechos humanos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte que iniciaron en diciembre. Asimismo, se darán recomendaciones de la organización a las autoridades peruanas.

El evento, que estaba programado para las 9 a.m. de este jueves 25 de mayo, se postergó a horas de la noche en un hotel de Miraflores. Precisamente hasta allí llegó el grupo radical La Resistencia, con carteles y altavoces, para protestar contra el informe que habla de las sendas muertes producidas en las recientes marchas.

Un grupo de manifestantes llegó a ingresar al salón donde se producía el evento y generaron tal enfrentamiento que paralizaron la presentación por unos minutos.

Entre las proclamas del grupo ultraderechista, tildaban a Amnistía Internacional como un “nido de ratas”, “izquierda asesina”, y aseguran que el informe es “sesgado de la realidad”. En su discurso afirman que durante las protestas se vivió una amenaza subversiva, haciendo referencia al oficial de la Policía, José Luis Soncco, que fue quemado vivo; sin embargo, según las primeras indagaciones, esta muerte habría tenido otro móvil.

Pedro Vaca, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que “es profundamente perturbador ver [estos] registros de la presentación del informe”.

“Lamento que al dolor de la violencia que ya pesa sobre las familias de las víctimas se sumen actos que lastiman su voluntad de alzar la voz sin temor. Mi solidaridad y empatía con ellas”, tuiteó el abogado colombiano.

Pese a que los radicales manifestantes vociferan que “en Perú no existe el racismo”, este es uno de los hallazgos del informe de Amnistía internacional. Es por ello que entre las recomendaciones más urgentes, piden a la presidenta “que condene y ponga fin al uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad para responder a las protestas, así como que lleve a cabo una evaluación urgente del racismo estructural que parece permear el actuar de las instituciones del Estado peruano”.

“Desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas. Miles de personas salieron a protestar a las calles. Sin embargo, las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal y uso excesivo de fuerza menos letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban”, señala el informe.

Y agrega que entre los meses de diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas; incluyendo a un policía, quien perdió la vida. “Este informe analiza el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares peruanos en respuesta a las protestas, lo que resultó en graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional pide al Estado peruano que garantice la rendición de cuentas a los posibles responsables”, se sostiene en el documento.

Durante la presentación del informe, Amnistía Internacional aseguró que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú violaron el derechos internacional al utilizar la fuerza letal contra los protestantes mientras que “las autoridades no hicieron nada para detenerlos, incluso cuando se perdieron decenas de vidas”. Callamard cuestionó que incluso se haya felicitado la labor de las fuerzas del orden.

“Las fuerzas de seguridad utilizaron armas menos letales como gases lacrimógenos, pero lo hicieron de una manera que viola las normas internas”, agregí la secretario general de Amnistía Internacional. Su grupo de trabajo documentó la muerte de 25 personas, entre los que se encontraban menores de edad. De estas se cuenta con evidencia de que 20 fueron ejecuciones extrajudiciales.

La muerte de los ciudadanos que participaron de la protesta no solo “han generado un daño personal, sino implicaciones para el bienestar financiero de muchas familias”. Los asesinatos, según la entidad, habrían sido a partir de acciones coordinadas y deliberadas. Además, se denunció una fuerte dosis de racismo en la actitud de adoptada por las fuerzas del orden.

Desde el poder político, Amnistía Internacional denuncí una estigmatización de los protestantes por parte de la presidenta Dina Boluarte y de quien ocupaba el cargo de presidente del Consejo de Minisitros. Sobre la calificación de terroristas, la entidad dijo que se trata de un término que “tanto en Perú como en todo el mundo es una etiqueta que incita a la violencia en contra de las personas”.