El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y el politólogo Alberto Vergara se enfrascaron este jueves en un debate cuando abordaban el estallido social tras la llegada al poder de Dina Boluarte, citada por la Fiscalía para responder a la investigación preliminar por genocidio ante las muertes en protestas.
Al menos 77 personas perdieron la vida durante la crisis social, 49 de ellas en enfrentamientos directos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en algunos casos hubo “ejecuciones extrajudiciales”.
La CIDH señaló, además, que la violencia en Ayacucho, donde se registró la jornada más sangrienta de las protestas, debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial” y podría ser considerada como “una masacre”, una declaración rechazada por el Ejecutivo.
Vergara, docente e investigador, consideró que Boluarte es “la presidenta de la barbarie” en un país “roto”, unas expresiones que, para el extitular de Economía, estaban “sesgadas”. El intercambio de palabras surgió durante un evento organizado por el Diálogo Interamericano denominado “Perú en la encrucijada: crisis política, tendencias económicas y violaciones de derechos humanos”.
“Hay que tener una visión más ponderada de lo que ocurre con el país, no tengo nada que ver con el gobierno, estoy dando mi opinión. Lo que Alberto dice no responde a mi percepción de lo que está pasando”, comentó Castilla.
“Este proceso de degradación se ha venido dando con el tiempo. Es bastante sesgado y contribuye con esta visión no equilibrada que hay trasfondos distintos. Estos adjetivos subalternos que Alberto le ha dado me parece que no tienen nada que ver. Son temas muy sensibles en el Perú, un país que ha pasado historias de terrorismo y violencia en el pasado. Si no se ha concluido una investigación, saltar a conclusiones es avezado y debilita las instituciones”, abundó.
El Ministerio Público anunció el inicio de las pesquisas el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, aunque no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del presidente del primer ministro, Alberto Otárola.
En la acusación también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
“Tendríamos que preguntarnos por qué a nuestras élites lo que ocurre en el País no le parece una barbarie. Más de 60 muertos y al ministro de Defensa lo ascienden a primer ministro, sale la presidenta y contra todos los anuncios, llamó inmaculadas las acciones que tomó, se dieron bonos... Evidentemente, es una puesta en escena del respaldo a la brutalidad de las fuerzas del orden”, dijo Vergara en respuesta al exministro.
La mirada del politólogo condice con la de Amnistía Internacional (AI), que ha acusado a Boluarte de estigmatizar a los manifestantes en sus discursos, lo que provocó, según la organización, la legitimación social de las muertes en choques con las fuerzas del orden.
“La narrativa de altas autoridades, incluidas la presidenta, [...] no solo generó un contexto para legitimar estos asesinatos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales, sino que además ha generado un estigma colectivo de estas comunidades”, definió Erika Guevara, directora de AI.
Por su parte, la secretaria general del organismo, Agnès Callamard, expresó la “fuerza letal fuera de Lima [solo fue empleada] en áreas donde hay mayormente población pobre, indígena y campesinos”, incluso cundo las protestas eran menos violentas que en la capital u otras regiones. “Creemos que la represión y los asesinatos son parte del racismo sistémico contra estas poblaciones”, afirmó.
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