Chimbote: condenan a exservidor público porque pidió dinero para renovar contrato a trabajadora

El exfuncionario de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pallasca Edgue Anibar Reyes Vivar fue condenado a tres años de prisión suspendida por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

Así, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, de Chimbote, impuso dos años bajo reglas de conducta contra el extrabajador porque intentó beneficiarse de su cargo para ganar dinero irregularmente.

En 2018, Edgue Anibar Reyes Vivar laboraba como jefe de personal e integrante del comité de contratación de personal administrativo de la Ugel Pallasca. En ese contexto, la trabajadora administrativa Sarita Coronel Reyes denunció que el exfuncionario le pidió S/3.000 para renovarle su contrato laboral en el siguiente y subsiguiente periodo, según información difundida por el Ministerio Público.

Por temor a no perder su trabajo, la empleada Sarita Coronel Reyes aceptó la condición impuesta por el exservidor público y depositó S/2.500 en su cuenta bancaria el pasado 24 de febrero de 2018. Pero el sujeto no accedió porque exigió que le pague el monto exacto que impuso. La trabajadora no accedió y, por lo tanto, no le renovó el contrato laboral.

Sarita Coronel Reyes denunció el acto irregular y cinco años después recién se obtuvo una sentencia condenatoria contra el exservidor público que intentó beneficiarse económicamente de su cargo.

La condena además le impuso cinco años de inhabilitación en el cargo y el pago de una reparación civil equivalente a S/10.000.

El abogado de Edgue Anibar Reyes Vivar apeló la sentencia condenatoria. El argumento con el que busca revertir el castigo penal es que los depósitos que realizaron en la cuenta bancaria de su cliente formaban parte del apoyo a la campaña electoral que preparaba el papá de la trabajadora.

Pero esta explicación fue desestimada porque el padrón electoral cerró el 22 de octubre de 2017 y el delito se cometió en 2018.

También aseguró que Sarita Coronel Reyes lo denunció por venganza, pues se decidió no contratarla.

Todos los argumentos presentados por el abogado del extrabajador de la Ugel fueron desestimados por la Sala de Apelaciones, cuyos magistrados confirmaron la sentencia condenatoria impuesta de 3 años de prisión suspendida.

El Poder Judicial dictó 35 años de cárcel contra Christian Alberto Sánchez Coico; Nicolle Yarumi Oré Madalengoitia, de 19 años; y José Matías Gonzales Farfán, de 19 años; porque se comprobó que participaron en el feminicidio cometido contra Ruth Lisbeth Puerta Solís, en 2019, en el distrito de Carabayllo.

Los implicados en este crimen también deberán pagar S/400.000 de reparación civil, en forma solidaria.

Esta condena se obtuvo por la investigación impulsada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Carabayllo.

Los fiscales recabaron suficientes pruebas para demostrar que Christian Alberto Sánchez Coico y la víctima de feminicidio tenían una hija. También se comprobó que Nicolle Yarumi Oré Madalengoitia se convirtió en la nueva pareja del sujeto y fue quien le dijo que asesinara a su expareja, Ruth Puertas. De lo contrario, terminaría la relación sentimental.

Para cometer el crimen, Christian Alberto Sánchez Coico pidió a su primo, menor de edad, que asesinara a la mamá de su hija.

“Tras un reparto de roles, el 9 de julio de 2019, cuando Puertas Solís iba a volver a su casa luego de estar en la casa de Sánchez Coico apareció un vehículo y llevaron a la mujer a su casa”, precisó la Fiscalía en una nota de prensa publicada el último 14 de enero.