A pesar de que el Congreso de la República registra una baja popularidad ante la opinión pública según diversas encuestas, aún apuesta por capturar otras instituciones autónomas del Estado. Es así que la Procuradoría General se encuentra en la mira.
El parlamentario Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) presentó un proyecto de reforma constitucional para que el Legislativo sea el ente encargado de elegir al nuevo procurador general. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento.
De acuerdo a lo planteado por Flores —investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el caso ‘Los Niños’— se propone que la elección del titular de la Procuradoría sea incluida en el artículo 47 de la Carta Magna junto a la de otras altas autoridades como los magistrados del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los miembros del Banco Central de Reserva.
“El Procurador General del Estado es elegido por el Congreso, con el voto a favor de los dos tercios del número legal de congresistas, para un período de cinco años. Corresponde al Congreso su remoción por falta grave”, reza en el documento.
Además, el nuevo procurador general también podría ser acusado ante la Comisión Permanente si comete alguna infracción constitucional, de acuerdo al artículo 99.
La iniciativa cuenta con las firmas de los acciopopulistas Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Juan Carlos Mori e Ilich López, quienes también se encuentran comprendidos en el caso “Los Niños”, donde se indaga los vínculos políticos que se tuvo con el expresidente Pedro Castillo. De esa manera, este grupo buscaría la salida de Daniel Soria Luján, quien tiene a su cargo la Procuradoría General del Estado desde el año pasado.
Procurador a dedo
Hace quince días el Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley para que puedan designar a su procurador público libremente y sin un concurso previo.
La propuesta fue sometida a una segunda votación, donde obtuvo 64 votos a favor, 41 en contra y 5 abstenciones.
El dictamen recoge los proyectos de ley 3270, que faculta al Congreso para designar un procurador público sin la necesidad de un concurso previo; y el 3651, que plantea una reestructuración del sistema administrativo de defensa jurídica del Estado, además de disponer la creación de la Procuraduría en el Parlamento y Poder Judicial.
Esta propuesta, inicialmente, había sido aprobada en la Comisión de Constitución y Reglamento, la cual es dirigida por el congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra-García Campos. Así fue que pasó al Pleno y, en una primera votación, también fue aprobada con 61 votos a favor, 14 en contra y 15 abstenciones.
Con la aprobación de esta norma, los otros organismos constitucionales autónomos también podrían designar a sus respectivos procuradores públicos sin la necesidad de un concurso público previo.
Durante el debate, Guerra-García Campos recordó que ya se había vencido el plazo establecido por ley y que la propuesta ya podía ser sometida a su segunda votación. Antes, señaló que la propuesta no vulneraba la autonomía de la Procuraduría General del Estado. Por lo contrario, refirió que lo que se busca es que los organismos, como el Congreso, el Poder Judicial y otros, ejerzan su libre defensa.
el procurador Daniel Soria había solicitado que este tema no avance porque “constituiría una ruptura del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado”. Agregó que la iniciativa carecía de un “sustento razonable”, pues atentaba contra el derecho de acceso a la administración pública. A pesar de la invocación, la representación nacional sacó adelante su proyecto para tener un procurador propio.