Junta Nacional de Justicia investiga al jefe de la ONPE por presuntamente omitir información en su declaración jurada

La Contraloría General de la República detectó que Piero Corvetto no puso que sus familiares tenían vínculos con cuatro empresas.

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Piero Corvetto es el actual
Piero Corvetto es el actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Piero Corvetto, actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habría obviado información clave en su declaración jurada tras haber sido elegido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En concreto, no consignó que había empresas vinculadas a él, su esposa y familiares.

Según una investigación de Canal N, este hecho irregular fue detectado por la Contraloría General de la República. La entidad fiscalizadora encontró que, entre el 2018 y 2020, al menos cuatro compañías tuvieron una relación laboral con Corvetto Salinas.

Una de ellas es el estudio jurídico Salinas Verano y Asociados SAC, donde el titular de la ONPE es un socio fundador. Sin embargo, cuando asumió su puesto, no precisó quiénes se quedaron a cargo del mismo.

Por otro lado, Centro 2000 SA, DBA Perú SAC-Latina Communications Group SAC y Red Ad SAC son otras empresas que están relacionadas con Corvetto. Específicamente, a su cónyuge Beatriz Piérola Rodríguez.

Miembros de la Junta Nacional
Miembros de la Junta Nacional de Justicia, organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales en el Perú.

Además, hasta el tío del jefe de la ONPE, Pablo Salinas Seminario, con quien constituyó el Estudio Salinas Verano y Asociados SAC, tampoco se encuentra en su declaración jurada.

Piero Corvetto no mencionó que estuvo dos días a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Basándose en estos puntos, la JNJ decidió abrir una investigación preliminar contra Corvetto por no colocar los nexos empresariales de sus parientes dentro del tercer y cuarto grado de consanguinidad el pasado 11 de abril tomando como sustento el informe de la Contraloría. Por ahora, se espera sus descargos para avanzar en el proceso que podría culminar con una sanción disciplinaria.

“Qué interés habría si ya vendió, si ya explicó y la Junta por eso lo nombró jefe de la ONPE al quedarse satisfecha. ¿Se pretende poner bajo sospecha al jefe de la ONPE? Yo creo que tanto la Contraloría como la Junta debe entender que el Perú tiene una tarjeta amarilla y que eso no les hace bien a las instituciones electorales que deben ser fortalecida”, ha señalado Luciano López, abogado del jefe de la ONPE.

Contraloría General de la República.
Contraloría General de la República. Foto: Andina

En la mira del Congreso

Este hecho irregular en la hoja de vida de Piero Corvetto llega en un momento en que el Congreso de la República lo tiene en la mira, así como a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones y el Reniec.

Hay al menos seis iniciativas en la Comisión de Constitución y Reglamento para que las autoridades del sistema electoral puedan ser acusados constitucionalmente al incorporarlos al artículo 99 de la Carta Magna.

El abogado Heber Joel Campos señaló a Infobae que estas propuestas impedirían a los titulares del JNE, ONPE y Reniec para desarrollar sus funciones sin que sean pasibles de una denuncia constitucional.

“Lo que se busca es garantizar la independencia de estos organismos que cumplen un rol fundamental para la democracia porque son los que cuentan los votos. Si se les impone sanciones, estas podrían tener su origen en resentimientos o reproches por los resultados”, señaló.

Comisión de Constitución es liderada
Comisión de Constitución es liderada por Hernando Guerra García.

Para el profesor de derecho constitucional de la PUCP, una de las consecuencias de que estos titulares estén bajo control político en el Congreso de la República es que sean “objetos de presiones” de parte de una mayoría parlamentaria. “Si el titular de alguno de estos organismos electorales sabe que podría ser destituido por el Congreso, probablemente tienda actuar de tal manera que no entre en un conflicto. En otras palabras, se genera un efecto inhibitorio”, señaló.

“También podría ocurrir que una mayoría congresal que no esté comprometida con el interés público podría actuar de forma arbitraria. Casos como esos hemos tenido en el pasado. Por ejemplo, el año 97, cuando el Congreso destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a la reelección de Alberto Fujimori y descabezaron esta institución, que durante muchos años estuvo inoperativa hasta que sus integrantes fueron restituidos por la Corte IDH el año 2000″, indicó.

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