Dina Boluarte es llamada asesina y genocida desde el Pleno del Congreso de la República

La presidenta de la República, Dina Boluarte, continúa siendo blanco de críticas por la manera en que respondió a las manifestaciones en contra de su gobierno. Como se recuerda, al menos 60 ciudadanos, entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden, fallecieron desde que el la jefa de Estado reemplazó a Pedro Castillo en el cargo. El hecho también fue criticado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

AMLO ha desconocido al gobierno de Dina Boluarte y comentado sobre temas internos del Perú; es por ello que el Congreso puso en marcha una moción para que este sea declarado persona no grata. Durante el debate de dicho pedido, el congresista de Perú Libre, Wilson Quispe, señaló que la medida es motivada por “un pequeño grupito oligarca” y defendió los intentos de López Obrador por denunciar presuntas violaciones de derechos humanos.

En la misma intervención, el legislador del partido del lápiz calificó de “genocida y asesino” al gobierno de turno. " Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Este gobierno genocida ha dañado la sensibilidad de muchas personas”, dijo desde el hemiciclo del Congreso el legislador Wilson Quispe. Sus palabras provocaron rechazo en otras bancadas por lo que se pidió que retire la frase.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que tras la manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte se han registrado 49 civiles fallecidos en los enfrentamientos, 11 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo y siete miembros de las fuerzas del orden (un policía y sies militares). Hasta el 10 de marzo de este año fueron 1.785 los ciudadanos heridos, en su mayoría civiles.

Las acciones de las fuerzas del orden contra los manifestantes pacíficos y violentos han sido cuestionadas por organizaciones sociales, autoridades nacionales y extranjeras y entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta última realizó una visita al país para conversar con familiares de las víctimas y miembros de la clase política para finalmente presentar un informe sobre lo sucedido y compartir recomendaciones.

El texto difundido señala que las Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas habrían incurrido en violación de derechos humanos en su intento por controlar las protestas. “En términos generales, [que] la respuesta [del Estado] no fue uniforme en todo el territorio y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”, que entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023″, se lee en el documento.

La CIDH ha recomendado que se pongan en marcha investigaciones para determinar quiénes son los culpables de las muertes, así como la creación de un grupo de expertos que puedan trabajar de la mano con las instituciones encargadas para garantizar un correcto desarrollo del proceso. Sin embargo, hasta el momento solo se han registrado cuestionamientos al trabajo que realiza el Ministerio Público.

Desde el Poder Ejecutivo se criticó los términos usados en el informe como las presuntas “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales” que habrían cometido las fuerzas del orden en ciudades como Ayacucho y Juliaca. Tanto la presidente de la República como el presidente del Consejo de Ministros indicaron que dichos sucesos no habían ocurrido, pero sí instaron a que los procesos de investigación sigan su curso.

Miembros del Congreso de la República rechazaron el informe presentado alegando ataques a miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP mientras que otros insistieron en su pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte.