Luego de que la expresidenta de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), María Jara, anunciara que interpuso una demanda de acción de amparo por su remoción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) defendió esta medida y señaló que el cambio se realizó en el marco de la legalidad y por “perdida de confianza”.
Así, el MTC reafirmó la legalidad de esta actuación. “A través del Decreto Supremo N.° 007-2023- MTC, se incorpora la pérdida de confianza como una de las causales de la remoción de los miembros del Consejo Directivo de la ATU, establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones, modificando así el Decreto Supremo N.° 003-2019-MTC, dentro del marco legal vigente”, se lee.
Aunque también es la propia institución la que aclara que esta causal de remoción se incorporó recientemente, pues el citado decreto supremo fue oficializado recién hace menos de tres semanas.
“Por consiguiente, el cambio efectuado en la presidencia de la ATU se realiza en el marco de la absoluta legalidad”, añadió el MTC.
Denuncia de María Jara
Tras su salida, María Jara Risco presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en el que exige la nulidad total de las Resoluciones Supremas N.º 009-2023-MTC y N.° 010-2023-MTC, que hicieron que saliese del cargo.
Además, solicitó la inaplicación total del Decreto Supremo N.º 007-2023-MTC, que fue publicado el 11 de mayo del 2023, que añadió la causal de “pérdida de confianza”, que es el principal argumento de la MTC para defender la salida de la exfuncionaria.
Precisamente, solo dos días después de oficializado este decreto través de la Resolución Suprema N.º 009-2023-MTC, firmada por Paola Lazarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, y refrendada por la presidenta Dina Boluarte, decidieron el final de las funciones de Jara al frente de la ATU.
Las acciones de Jara buscan que ella sea restituida a su cargo, ya que ella considera que su salida fue fue ilegal, pues, según su demanda, atenta contra los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. Por ello, solicita que se le restaure como miembro y presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.
“La razón fundamental de haber presentado esta demanda, es defender la institucionalidad. Esto no es el pedido de la restitución de una persona, es defender la institucionalidad, el estado de derecho; es defender la democracia, es defender el derecho de movilidad de 11 millones de limeños y chalacos”, enfatizó Jara Risco en conferencia de prensa.
La Malbina Saldaña Villavicencio, del Segundo Juzgado Constitucional de la CSJL será la encargada de evaluar la medida. Se espera que en los próximos días se notifique a la titular de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, a fin de qe conteste la demanda antes de realizar la audiencia.
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