La expresidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, presentó una demanda de amparo para que se le restituya en el cargo por considerar ‘ilegal’ el cese de sus funciones como titular de dicha entidad. El recurso fue presentado al Poder Judicial, que deberá programar una audiencia para los próximos 30 días hábiles.
Según la estrategia legal de la exfuncionaria, el pedido de restitución se basa de acuerdo a los artículos 1°, 2°, 5°, 8° y 39° del Nuevo Código Procesal Constitucional. En el amparo, la exfuncionaria denuncia que el decreto supremo que dispuso su salida “vulneró sus derechos fundamentales al ejercicio pleno de la función pública y al debido proceso”.
Además, Jara Risco considera que su destitución fue ilegal, pues atenta contra los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. En ese sentido, Jara Risco solicita que se le restaure como miembro y presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.
“La razón fundamental de haber presentado esta demanda, es defender la institucionalidad. Esto no es el pedido de la restitución de una persona, es defender la institucionalidad, el estado de derecho; es defender la democracia, es defender el derecho de movilidad de 11 millones de limeños y chalacos”, indicó Jara Risco en conferencia de prensa poco después de presentar el escrito.
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Audiencia en 30 días hábiles
En la demanda de amparo, la expresidenta de la ATU solicita se respete el tiempo de duración de su gestión que debía extenderse por cinco años, de acuerdo a la Ley N.° 30900. María Jara estaba al frente de la referida institución desde el 19 de octubre de 2019 y recién debería dejar el cargo en el 2024.
La medida deberá ser evaluada por la jueza Malbina Saldaña Villavicencio, en el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Se espera que en los próximos días se notifique a la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, para que conteste la demanda antes de realizar la audiencia.
Gobierno sigue los pasos de Castillo
Luego de presentar la demanda, María Jara junto con su abogado, Luciano López, brindaron una conferencia de prensa para dar mayor alcance de la medida de amparo.
A decir del letrado, el decreto supremo que modifica el Reglamento Interno de la ATU para remover a los miembros del directorio por ‘pérdida de confianza’ es ‘ilegal’. “Es clarísimo que la decisión es ilegal. Este decreto supremo tiene nombre propio. La señora Jara fue designada para un periodo fijo de cinco años, conforme a ley”, indicó López.
“Lo que ha hecho este gobierno, lastimosamente, es seguir los mismos pasos de Pedro Castillo. Yo, como abogado, me permito recordarle a las autoridades gubernamentales que los cargos y el poder son efímeros, sino preguntenle al señor Castillo y definitivamente las cosas inconstitucionales tienen su responsabilidad tarde o temprano”, advirtió Luciano López
En ese sentido, quienes firmaron el decreto supremo, así como la destitución de María Jara, enfrentarían procesos por haber vulnerado los principios jurídicos. “Tanto la ministra de Transportes y Comunicaciones, como la misma presidenta Dina Boluarte, deben responder por las motivaciones que las llevaron a cambiar las reglas de juego”, indicó.
Historia de una salida anunciada
El pasado 13 de mayo se publicó la Resolución Suprema Nº 009-2023-MTC firmada por Paola Lazarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, y refrendada por la presidenta Dina Boluarte, dando por concluidas las funciones de Jara Risco al frente de la ATU.
La decisión de su salida se dio a poco más de un día de haber publicado la modificación del reglamento interno de la entidad, en el que se añade causales de vacancia o remoción de los miembros del Consejo Directivo.
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