La presidenta Dina Boluarte solicitó este miércoles a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, reprogramar su declaración en la investigación preliminar abierta por las muertes en las protestas ocurridas entre diciembre y marzo pasado.
La cita estaba prevista inicialmente para el próximo 31 de mayo a las 09.00 horas, pero la defensa de la mandataria ha pedido que se prorrogue para el 1 de junio ante el simulacro nacional multipeligro que se realizará a fines de mes, y “en el cual deben participar todas las autoridades y la población a nivel nacional”.
Es la segunda vez que la jefa de Estado eleva un pedido de este tipo. “Solicito que se reprograme la audiencia para el día siguiente a fin de que dicha diligencia se lleve a cabo de forma ininterrumpida y se garantice el pleno ejercicio de mi derecho a la defensa”, se lee en el documento difundido por El Comercio y firmado por Joseph Campos, abogado de Boluarte.
La presidenta, investigada desde el 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, no ha precisado si solicitaría que la diligencia se realice en Palacio o en la sede del Ministerio Público, donde ya acudió el pasado 7 de marzo.
En esa cita, sin embargo, Boluarte no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del premier Alberto Otárola.
La acusación de Fiscalía también salpica al exjefe de Gabinete, Pedro Angulo, y a los exministros Víctor Rojas (Interior) y César Cervantes (Defensa), y al actual titular de Defensa, Jorge Chávez.
Las protestas estallaron en diciembre del año pasado, tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo, y demandaban la renuncia presidencial, el cierre del Congreso, el adelanto electoral y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Al menos 77 personas murieron durante la crisis social, 49 de ellas en enfrentamientos directos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en algunos casos hubo “ejecuciones extrajudiciales”.
La CIDH señaló, además, que la violencia en Ayacucho, donde se registró la jornada más sangrienta de las protestas, debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial” y que podría ser considerada como “una masacre”, una declaración rechazada por el Ejecutivo.
El premier Otárola, por su parte, comentó que “no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad” que la CIDH haya llegado a esas conclusiones “con una entrevista y dos visitas al Perú”.
De igual manera, un grupo de legisladores criticó el texto: mientras desde el lado de Fuerza Popular señalaron que está “sesgado” y que lo mejor sería “no tomarlo en cuenta”, desde Renovación Popular llamaron a “retirar los fondos” a la CIDH.
Hace una semana, el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, ratificó que “hubo un uso excesivo de la fuerza que condujo a la muerte” a decenas de manifestantes.
Asimismo, instó a la Justicia a que las investigaciones sobre las muertes, en las que está implicada Boluarte, sean “transparentes, independientes y que incluyan a las víctimas para poder saber exactamente qué sucedió y bajo qué condiciones se dio ese exceso de fuerza”.
Asimismo, remarcó la necesidad de implementar “reformas políticas en el país para asegurar la representación” de algunos grupos sociales que, dijo, “no se ven representados en el desarrollo político”.
Durante su visita a Perú, el relator también visitó al expresidente Castillo en el penal de Barbadillo y comprobó que se encuentra preso “en buenas condiciones, aun cuando tiene algunos reclamos”.
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