Allegados a Dina Boluarte lograron contratos con Palacio de Gobierno, PCM y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Uno de los beneficiados es el abogado William Contreras, quien fue viceministro de la presidenta el año pasado.

Allegados a Dina Boluarte contrataron con el Estado | ATV: Al estilo Juliana

A pesar de que Dina Boluarte prometió que iba a diferenciarse de su antecesor Pedro Castillo, pues parece que no resulta así. Nuevamente, el círculo cercano de la presidenta de la República está bajo la lupa porque logró contratos con diferentes entidades del Estado desde que asumió el cargo en diciembre del año pasado.

Según una investigación del programa Al estilo Juliana, se trata de los abogados William Contreras, Miriam Magallanes, Rafael Velázquez, Rosario Regalado, Joseph Campos, entre otros, quienes integraron junto a Boluarte Zegarra una lista para postular al decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL) en el 2019.

Contreras sumó a su nómina Boluarte Zegarra para intentar ser la máxima autoridad del CAL hace cuatro años. En retribución, la mandataria lo nombró como viceministro Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por el que percibía un salario de 28 000 soles mensuales. Sin embargo, su paso por el Estado no duró mucho.

La Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) detectó que Contreras había presentado información falsa para acceder al cargo. Según el programa Cuarto Poder, el letrado indicó que en su hoja de vida él consignó que, en distintos periodos, fue miembro de la junta directiva del CAL.

La presidenta Dina Boluarte y William Contreras, quien fue su viceministro en el MIDIS.

Sin embargo, la misma institución detalló a Servir que con el exfuncionario de Midis “no hubo una contraprestación económica en calidad de remuneración, pues no existió vínculo laboral y que solo recibió dietas” como miembro de la junta directiva.

Además, se alegó que Contreras carecía de cinco años de experiencia específica en puestos o cargos de directivos a nivel jerárquico similar en el sector público o privado. Por esta razón, tuvo que renunciar al no tener el perfil necesario en septiembre del año pasado.

Otro caso es el de Miriam Magallanes que obtuvo dos órdenes de servicio -el 24 de noviembre del 2021 y el 15 febrero de 2022- con la cartera de Desarrollo e Inclusión Social por 29 000 soles. Esta letrada registra reuniones con Contreras y Boluarte cuando ambos estaban en el sector.

Rafael Velasquez, otro excompañero de Boluarte en la lista del CAL, también trabaja como director general de la Oficina de Administración de Palacio de Gobierno desde enero pasado.

Rafael Velasquez, compañero de lista de Boluarte, trabaja en Palacio de Gobierno.

Por otro lado, Rosario Regalado es la excompañera de Boluarte que facturó 74 000 soles por tener órdenes de servicio con los ministerios del Interior y Transportes entre febrero y mayo del 2022.

Lo más reciente de esta letrada es que logró un contrato con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en agosto pasado por 36 000 soles.

Finalmente, se tiene el caso de Joseph Campos que logró un contrato con el Gobierno regional de Amazonas por 21 000 soles en octubre del 2021. Hay que señalar que este abogado representa a la presidenta Boluarte en la investigación que la Fiscalía de la Nación se le sigue por los presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado a raíz de las muertes ocurridas durante las protestas sociales.

Los sobrinos

Infobae informó el domingo pasado que dos sobrinos de la presidenta Boluarte habían contratado con el Estado a lo largo de este 2023. Se trataba de Victoria Volodia Dávila Boluarte y Marco Antonio Boluarte Contreras.

Dávila Boluarte logró dos órdenes de servicio con el programa Educación Básica para Todos, que resulta dependiente del Ministerio de Educación (Minedu), por 54 000 soles.

Por otra parte, Marco Antonio Boluarte Contreras registra tres órdenes de servicio a favor del Gobierno Regional de Apurímac, tierra natal de la actual mandataria, por un monto de S/ 9 000 solo en este 2023. Él ofreció sus servicios de ingeniero al Hospital Guillermo Díaz de la Vega de la provincia de Abancay entre febrero y abril. Antes no había contratado con el Estado.